El
Andaluz
Sectores
sociales del Chaco protagonizan movilizaciones desde la semana pasada para
exigir que se asigne el 45 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) a favor de la Región Autónoma en el Plan Operativo Anual (POA) 2022.
El
secretario jurídico del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, Pablo
Valeriano indicó a El Andaluz que este conflicto social lo generó el gobernador
de Tarija, Oscar Montes al disponer de recursos económicos que le pertenecen a
la Región Autónoma.
Valeriano
asegura que existe normativa en la que se establece que el 45 por ciento del
IDH por derecho le corresponde al Chaco y ese derecho fue vulnerado cuando en
el POA 2022 no se asignaron esos recursos.
La
autoridad dijo para las Noticias de Tarija que en una segunda oportunidad se
trató de vulnerar el derecho del Chaco con la intención de tratar un proyecto
de Ley para redistribuir recursos que asegura que ya no son de competencia
departamental, haciendo referencia al 45 por ciento del IDH.
Explicó
que el 45% del IDH que le corresponde al Chaco tiene su base fundamental en la
transferencia de las competencias que están establecidas en la Ley
departamental 079 y la transferencia de las fuentes de financiamiento
establecidas en el artículo 9 de la Ley departamental 139 que es concordante
con la segunda parte del numeral 18 del artículo 5 de la Ley Marco de
Autonomías.
El
secretario aclaró que de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley
Marco de Autonomías la transferencia de competencias y sus fuentes de
financiamiento son de forma definitiva, en este caso el nuevo titular de las
competencias es el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
“La
base de la Autonomía Regional son los derechos adquiridos (segunda parte del
parágrafo III del Art. 41 de la Ley Marco de Autonomías) en base a la
Resolución Prefectural 287/2006 que fue elevada a rango de Ley por la Ley
Transitoria 017, Leyes nacionales 3384, 3385, 3861 entre otras”, apuntó.
Remarcó
que la autonomía y el ejercicio de sus competencias implica la administración
de sus recursos por sus autoridades electas e hizo mención a los numerales 3 y
4 del parágrafo II del artículo 6 de la Ley Marco de Autonomías.
Valeriano
dijo que cuando el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija dispone de esos
recursos de manera ilegal y abusiva, el 45% del IDH que le corresponde a la
Región Autónoma, evitando programación para el traspaso de esos recursos en la
gestión 2022, dijo que están cometiendo usurpación de funciones por el
ejercicio de competencias.
Recordó
que en la Ley de Hidrocarburos se establece en el artículo 57 que el IDH se
debe priorizar a favor de las provincias productoras.
Pablo
Valeriano dijo que existe normativa anterior a la Constitución Política del
Estado (CPE) como la resolución 287/2016 que establece transferir el 45% del
IDH al Chaco y que la Ley 3384 del Fondo Rotatorio y la Ley 3385 del Programa
de Viviendas establecen la transferencia del 45 por ciento de las regalías e
IDH.
Mencionó
la Ley 3361 que establece que del 45 por ciento de las regalías que percibe el
Gran Chaco para profundizar la autonomía, se debe transferir el 15 por ciento a
los Ejecutivos Seccionales de cada municipio y de ese 15 por ciento, el 10 por
ciento a los Gobiernos Municipales del Chaco.
Una
vez que se puso en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y
la Ley Marco de Autonomías, dijo que en el ejercicio de las competencias se
emitieron dos leyes fundamentales, la Ley departamental 079 que transfiere
competencias y la Ley 139 que financia las competencias transferidas, el 45 por
ciento de las regalías e IDH.
Recordó
que con dos tercios en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT)
se transfirió las competencias al Chaco y con 2/3 en el Gobierno Regional del
Chaco se recibieron esas competencias.
Indicó
que con el accionar se evidencio que Montes entró en la tentación de planificar
y programar el POA 2020 los recursos del 45 por ciento del IDH que le
corresponden al Chaco, dejando en “cero” los recursos del IDH al Gobierno
Regional.
Señaló
que el gobernador pretende decir que desde Tarija se va a decidir como se
administran los recursos del Chaco, eso atenta contra la autonomía regional.
Acuso
al gobernador de ser el autor intelectual de generar un conflicto social en el
Chaco por el IDH con el resto de las provincias que ahora exigen también esos
recursos.
IDH
Valeriano
explicó que el IDH es un impuesto nacional y en la Ley de Hidrocarburos se
marca una distribución en porcentajes para los departamentos productores y no
productores de gas.
En
una de las notas emitidas por el Servicio Estatal de autonomías (SEA) en
respuesta a una consulta realizada por el asambleísta departamental, José Luis
Ferreira, establece que los recursos que llegan al departamento se convierten
en recursos departamentales y es competencia de la instancia departamental
administrar de ellos.
Ante
esa situación, Valeriano explicó que era una atribución y competencia del nivel
departamental los recursos del IDH, pero al transferir competencias y recursos
al Chaco, el 45 por ciento del IDH ya no son de competencia departamental y su
administración ahora es de competencia del Gobierno Regional, es decir que
Montes no podía disponer de esos recursos para otros fines.
Remarcó
que se transfirió el derecho a otro titular.
Acciones
y responsabilidades
El
secretario jurídico del Gobierno Regional aseguró que primero se acudió al
diálogo para hacer prevalecer un derecho y que se respeten los recursos del
Chaco.
“Se
ha intentado dialogar, se han intentado conversar, ante una ilegalidad que
inicialmente se pragmatiza con la programación del POA 2022 y al pretender
agendar una ley que quiere redistribuir algo que ya no se ha transferido”, expresó.
La
autoridad del Chaco dijo que cuando uno transfiere algo ya no puede decidir
sobre ello, pero el Gobierno Departamental pretende decidir sobre algo que no
le toca, por lo que indicó que corresponde realizar un proceso penal, pero más
allá de la denuncia, reiteró que se trató de entrar en un diálogo.
“Cuando
uno vuelve a vender una cosa que ya ha vendido, se incurre en estelionato”,
expresó, a tiempo de señalar que en la vía administrativa cuando se dispone de
una competencia ajena, todos los actos son nulos y se incurre en usurpación de
funciones.
Remarcó
que inicialmente el Gobierno Departamental tenía competencia sobre esos
recursos, pero fueron transferidos al Chaco.
Acusó
a Oscar Montes de armar un conflicto social en el departamento.
Para
Valeriano, Montes no solo le ha quitado recursos al Chaco, habría indicado que
se distribuyeron al resto de las provincias y ahora existen otras provincias
que reclaman esos recursos.
“Esta
generando un escenario en donde se puede dar un conflicto social mucho mayor”,
agregó.
Dijo
que un titular de un derecho esta siendo afectado por la intención de un
tercero (Montes).
Apunto
al gobernador como autor intelectual del conflicto social ya que el podía
disponer de manera clara y transparente del 55 por ciento que le corresponde al
Gobierno Departamental, pero no del 45 por ciento del Chaco.
Mencionó,
que además de las regalías hidrocarburíferas y el IDH, la gobernación de Tarija
también recibe regalías mineras y forestales, el Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y Derivados (IEHD), pero de esos recursos no se transfiere ni un
solo boliviano al Chaco.
Valeriano
considera que esos recursos también deberían llegar a la población del Chaco,
pero no ocurre aquello.
“Pero
recie un egoísmo, no creemos que es de la ciudadanía de Tarija, pero si de un
gobernador que en vez de distribuir del 55 por ciento a las provincias (…)
pretende meter la mano al bolsillo del Chaco para dar a las provincias que son
de su competencia”, indicó.
Respecto
a la propuesta de un pacto fiscal para resolver todos estos temas, Valeriano
dijo que primero debe quedar bien claro que la autonomía es el respeto entre
entidades de igual jerarquía, en este caso el Chaco mediante su Gobierno
Regional que ya tiene una titularidad de derechos sobre el 45% de las regalías
y el 45% del IDH.
Señaló
que tocaría establecer mesas de diálogo sobre las regalías mineras y
forestales.
Políticas
sociales
El
secretario jurídico del Chaco remarcó que con el 45 por ciento de regalías que
perciben se han generado políticas sociales para que esos recursos puedan
llegar a la población y que consideran que deberían ser imitadas.
Mencionó
el programa de la canasta alimentaria para los adultos mayores, que nació como
una política departamental, pero ahora la asumió la Región Autónoma del Chaco.
Valeriano
explicó que cuando ingresaron al Gobierno Regional en el segundo trimestre del
año, ya se habían entregado 3 canastas alimentarias a los adultos mayores y que
ahora ellos entregan 9 canastas alimentarias, es decir 12 canastas alimentarias
durante este año, a diferencia del Gobierno Departamental que a la fecha no a
entregado ni una sola canasta alimentaria para los adultos mayores del resto de
las provincias.
Para
el próximo año dijo que se pretende entregar cada mes una canasta alimentaria a
los adultos mayores, porque consideran que es un sector demasiado sensible.
“Pienso
que debería ser imitada, pero respetamos si no lo quieren hacer, eso genera
celos, inicialmente fue una política departamental, pero se convirtió en una
política regional”, apuntó.
Señaló
que Montes no puede administrar bien el 55 por ciento de las regalías y ahora
pretende meter mano al 45 por ciento del Chaco para justificar su falta de
gestión.
“Debería
copiar e imitar estas políticas, y dejar de generar conflictos en el
departamento”, agregó.
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