Lo que se promocionó con bombos y platillos como el proyecto cumbre de la industrialización chaqueña ha terminado atrapado en un laberinto de dudas e intrigas políticas. El Centro de Innovación Productiva Apícola, diseñado para ser el complejo más grande del país, está hoy en el ojo de la tormenta. La asambleísta regional Milenka Pomarino Valdez desató la polémica al revelar que la gestión saliente de Karen Sánchez Valverde intentó frenar y archivar los trámites de la obra justo antes de dejar el cargo, dejando además al descubierto llamativas conexiones familiares detrás de las tierras elegidas para la planta.
La carta de retirada: Un carpetazo de última hora
El cronograma genera suspicacias en la nueva administración. Según la documentación presentada por Pomarino, el pedido formal para "cancelar el trámite y archivar obrados" ingresó el pasado 23 de abril de 2026. Esta fecha clave se sitúa apenas un mes después de los comicios subnacionales del 22 de marzo, cuando ya era un hecho que Juan García Cardozo asumiría las riendas del Gobierno Regional.
"Nos generó una enorme señal de alerta porque este era, supuestamente, el proyecto que traería los días más prósperos para Villa Montes", manifestó la legisladora, justificando su decisión de auditar el expediente completo tras notar la prisa por sepultar el caso.
Conflicto de intereses en el predio "Santa Cecilia"
Al profundizar en los documentos que declaraban de "necesidad y utilidad pública" las tierras para el complejo, la fiscalización topó con un hallazgo incómodo: el propietario registrado del predio seleccionado es Jorge Miguel Aguirre Gutiérrez. El detalle político es que se trata del hermano de Eleuterio Aguirre Gutiérrez, un hombre clave y de extrema confianza dentro del círculo de la ex Ejecutiva Sánchez.
Esta relación encendió las alarmas en la Asamblea Regional, ya que el proceso de expropiación posterior habría obligado al Estado a desembolsar una millonaria suma de dinero público en favor de un privado vinculado al poder de turno. "Ahora cobra sentido el apuro por archivar todo; querían evitar a toda costa que la población se enterara de cómo se manejó este proceso", sentenció Pomarino. Aunque de momento el caso se mantiene en el terreno del debate político y no en los tribunales, la exigencia de transparencia ya es unánime.
De las promesas de grandeza a la cruda realidad financiera
La controversia desmonta un relato que se construyó minuciosamente desde finales de 2023. En aquel entonces, la exautoridad regional y la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) lucían en redes los avances del diseño de preinversión, asegurando contar con el visto bueno del presidente Luis Arce Catacora. Las expectativas crecieron aún más en enero de 2025 con la presentación del diseño final ante los productores locales. Sin embargo, las promesas parecen habérselas llevado el viento.
"No hay ni un ladrillo, ni un camión de ripio", fustigó la asambleísta Pomarino al describir el estado real del megaproyecto.
A la fecha, la nueva gestión asegura que los cerca de 150 millones de bolivianos requeridos para levantar y equipar el complejo no existen en los papeles. El acuerdo inicial estipulaba que EBA pagaría los estudios de preinversión y el Gobierno Regional debía donar el terreno saneado; sin embargo, no hay constancia de que el Gobierno Central o alguna entidad financiera internacional tengan fondos comprometidos para iniciar las obras.
Toneladas de miel varadas y un sector en vilo
La parálisis de este proyecto golpea donde más duele a la economía local. Villa Montes ostenta una capacidad productiva que oscila entre las 400 y las 1.000 toneladas de miel anuales. No obstante, al no contar con una planta procesadora ni canales de exportación consolidados, los productores se ven obligados a almacenar su mercancía.
Pérdida económica estimada: Alrededor de 12,8 millones de bolivianos en stock estancado.
Impacto social: Cientos de familias productoras frustradas que veían en el complejo su boleto hacia el mercado internacional.
Próximos pasos
La Asamblea Regional ya derivó las solicitudes de informe correspondientes al despacho del actual Ejecutivo, Juan García Cardozo, con el fin de auditar técnica y legalmente cada paso dado por sus predecesores. Lo que comenzó como la gran promesa de la era de la industrialización en el Gran Chaco ha pasado a convertirse en un expediente bajo sospecha que apenas empieza a abrirse.
No hay comentarios.: