La reasignación de recursos en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) encendió las alarmas políticas y sociales en la región. Con el techo financiero del Plan Operativo Anual (POA) 2027 como trasfondo, el asambleísta Mario Cavero observó un ajuste que eleva los fondos asignados al ente deliberativo en más de un tercio, alcanzando un global superior a los 17 millones de bolivianos destinados a sueldos y beneficios del personal.
La controversia surge en una coyuntura de alta tensión institucional entre el Ejecutivo departamental y la directiva legislativa. Las fricciones operativas para fijar el presupuesto general han trabado la viabilidad de nuevos programas institucionales y la continuidad de proyectos públicos.
Puntos clave del conflicto presupuestario
• Incremento bajo la lupa: Se denuncia un alza del 34% en el presupuesto operativo interno de la ALDT, destinando más de Bs 17 millones principalmente al pago de haberes e incentivos salariales.
• Retraso institucional: La demora en la validación formal del POA 2027 amenaza con ralentizar la gestión pública, obligando a la Gobernación a depender de autorizaciones legislativas específicas para movimientos de partidas.
• Pugna de prioridades: Sectores productivos y de salud reclaman la asignación de inversión pública hacia la reactivación económica, el fortalecimiento sanitario y el fomento al turismo, en lugar de un aumento en el gasto corriente institucional.
La falta de consensos sobre la distribución de las regalías e ingresos departamentales mantiene trabadas las negociaciones entre ambas instancias de gobierno, mientras diversos sectores de la sociedad civil exigen destrabar el tratamiento de la norma para no paralizar la inversión pública del departamento.
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