Mientras los pequeños productores del campo intentan sobrevivir al impacto de la recesión económica y la escasez de recursos en las comunidades rurales, el gasto del aparato político en el departamento vuelve a encender la indignación popular. La dirigencia del sector campesino de Tarija lanzó un duro ultimátum a las autoridades y no descarta iniciar movilizaciones e instalar medidas de presión en las próximas jornadas para frenar el sostenido presupuesto operativo de la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT).
El malestar social no se limita únicamente a exigencias presupuestarias. Los trabajadores agrarios plantean llevar a las urnas la viabilidad del propio legislativo mediante un referéndum departamental de consulta popular. La iniciativa busca someter a votación ciudadana la modificación del Estatuto Autonómico para aplicar una tijera directa al número de escaños departamentales.
"No estamos dispuestos a financiar la burocracia política mientras el sector productivo agoniza sin presupuesto. Que sea el pueblo en las urnas el que decida si necesitamos tantos legisladores."
Un freno al gasto legislativo y la disputa por la representación
Las dirigencias rurales, cuestionan que se sigan canalizando partidas operativas hacia el hemiciclo legislativo en un contexto de aguda contracción económica. Esta pugna expone las dos visiones enfrentadas sobre el futuro de Tarija.
Por un lado, el sector campesino exige arrebatar a la Asamblea el monopolio sobre su propia estructura reduciendo el número de curules mediante un referéndum vinculante, mientras que el ente legislativo mantiene una amplia composición que se rehúsa a modificar por acuerdos internos.
Asimismo, el reclamo demanda redirigir los fondos destinados al funcionamiento de la burocracia departamental hacia prioridades productivas urgentes, como infraestructura de riego, créditos rurales y el mantenimiento de caminos vecinales indispensables para garantizar la seguridad alimentaria de la región.
El desenlace de este conflicto y la activación de medidas drásticas, como bloqueos o marchas en las provincias, quedará determinado por la respuesta formal que las autoridades departamentales emitan ante el petitorio campesino en el transcurso de las próximas horas.
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