La Fiscalía imputó al ministro de Educación, Adrián Quelca, por el delito de incumplimiento de deberes en el marco del caso de “tráfico de exámenes” en la designación de cargos directivos y solicitó su detención preventiva.
En la resolución del Ministerio Público se solicita “la imposición de la medida extrema de detención domiciliaria”.
“La gestora de procesos del Tribunal Departamental de La Paz sacó la resolución formal 108/2021 que emitió el Ministerio Público, donde se decide imputar al señor Adrián Quelca Tarqui por el delito de incumplimiento de deberes”, informó a Página Siete Digital Abel Loma, el abogado de la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.
Según la denuncia, el ministro envió mensajes por WhatsApp al exdirector de Educación Superior, Agustín Tarifa, para presuntamente favorecer a postulantes en el proceso de designación de cargos directivos. Por este caso, Tarifa tiene detención preventiva en el penal de San Pedro.
En el historial de conversaciones virtuales que investiga la Fiscalía figuran como protagonistas además de Quelca, al menos otros 46 docentes y postulantes a cargos directivos.
Éstos -se presume- aprobaron porque les dieron las respuestas de los exámenes de institucionalización, según mensajes de chat, audios, videos e informes a los que tuvo acceso este medio.
Loma explicó a este medio que ahora corresponde notificar y solicitar la audiencia de medidas cautelares.
“Nosotros vamos a presentar nuestras medidas cautelares, que nosotros creemos que debería aplicar y eso se determinará en la audiencia de medidas cautelares”, añadió.
Medidas
Además de la detención domiciliaria, el Ministerio Público solicitó que el imputado se presente en el Ministerio Público para su registro biométrico y arraigo.
“También ha pedido la prohibición de acercarse o tener comunicación con los otros denunciados, testigos y otros en el proceso. Una de esas medidas cautelares se aplicará, ya sea la firma cada 10 días o la detención domiciliaria”, explicó Loma.
El jurista indicó que Quelca no prestó su declaración informativa, se acogió al derecho al silencio y “obstaculizó el proceso”.
“Consideramos que en este momento, ya en calidad de imputado, corresponde que se le pueda apartar del cargo de manera inmediata porque él puede proceder a modificar información en el Ministerio de Educación que puede ser de mucho valor en la investigación”.
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