Cabe mencionar que el origen de este conflicto es el informe que ha hecho oficial la estatal petrolera sobre el estudio de actualización del factor de distribución del campo compartido Margarita-Hacaya, del cual la consultora DeGolyer and MacNaughton (D&M) establece una participación del 46,82% para Tarija, y el 53,18% para Chuquisaca.
El asesor del Comité Cívico de Tarija, Leopoldo López, confirmó a El País, que se está alistando una estrategia de defensa de los intereses del departamento. Para ello, los cívicos están conformando dos equipos de profesionales, el primero integrado por profesionales doctores en geología y geólogos expertos en manejo y producción controlada de reservorios, que serán los encargados de reunir y analizar la información técnica relacionada al campo en disputa.
“Estos técnicos van a acumular más información. Porque de las cuatro observaciones que ha hecho Tarija al informe de la D&M, simplemente nos han respondido: eso está en la página 29, eso en el plano 13, pero no han hecho una demostración científica. Entonces, eso es lo que demostraremos a YPFB, que esa información es insuficiente”
Mientras que el segundo equipo estará conformado por profesionales expertos en el área legal, que serán los encargados de brindar asesoría jurídica. López mencionó que existen varias observaciones en esta área, más cuando YPFB quiere hacer prevalecer un reglamento, por encima de la ley y la Constitución Política del Estado (CPE).
“Estamos incorporando constitucionalistas, también abogados en derecho civil, porque usted debe conocer, que, lo que define la propiedad, protege la propiedad y restringe la propiedad, es el Código Civil. Hago mención a todo esto, porque va haber un abanico de acciones, va haber acción popular, va haber demandas de orden civil y va haber demandas de orden constitucional”, enfatizó.
Consultado sobre cuáles son los plazos que manejan para iniciar con estas acciones legales, López no precisó una fecha con exactitud, sin embargo, argumentó que, en cuestiones jurídicas, se puede demandar cuando le provocan el daño. En el caso específico de Tarija, recién ahora se puede accionar y no antes de haberse hecho oficial el estudio.
“No podemos precisar cuándo se iniciarán con las acciones, porque este tema será bien estudiado por los profesionales del área, para luego definir la forma de cómo se va a proceder”, indicó.
López dejó entrever que actualmente se está coordinando con diferentes organizaciones, además de las instituciones públicas de Tarija, para ver que estas también formen parte activa de los equipos involucrados en la estrategia de defensa de los intereses del departamento.
Observación a la certificación
El Asesor del Comité Cívico ratificó las observaciones realizadas por esa entidad y la Gobernación de Tarija, al advertir que existen algunas inconsistencias en los aspectos que se han considerado para definir el nuevo factor de distribución.
López menciona que la información de YPFB da cuenta que en la gestión 2012 el estudio de la Gaffney Cline señala que el reservorio H1B tiene una extensión de 17 kilómetros en territorio chuquisaqueño, pero Tarija tenía mayor participación. Sin embargo, con el estudio que realiza D&M dan cuenta que el mismo reservorio tiene una extensión de 8 kilómetros, empero, no se han probado las reservas, y a pesar de haberse reducido la distancia de este reservorio en Chuquisaca, le otorgan mayor participación.
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