Mediante una conferencia de prensa, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Central Obrera Departamental (COD) y el Sindicato de Trabajadores del ex Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), advirtieron a la Gobernación que hoy a la medianoche vence el plazo para reincorporar a las personas que fueron desvinculadas de sus fuentes laborales mediante el Decreto N° 03/2022.
El abogado defensor de los trabajadores, Edgar Arraya, explicó que el argumento expuesto por la Gobernación sobre reubicarlos en cualquier descentralizada del Gobierno Departamental, no corresponde a la conminatoria emanada por el Ministerio de Trabajo ni la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que la ratifica.
Asimismo, advirtió que si el gobernador, Oscar Montes, no cumple con la restitución de casi 200 fuentes laborales en el Sedeca, se habrá agotado la vía constitucional y se actuará penalmente por omisión de ambos fallos.
“El artículo 179 bis del Código Penal dice que cualquier persona particular o funcionario público que incumpla una sentencia constitucional, debe ser juzgado por la vía penal, nosotros podemos pedir incluso medidas cautelares, lo vamos a ver desde un punto de vista jurídico. El plazo fenece a la medianoche del día miércoles”, afirmó.
En su criterio, se está tratando de “confundir” a la opinión pública indicando que se reincorporará a los trabajadores pero a la Dirección de Administración Vial (DAV).
Por su parte, el ejecutivo del Sindicato, Franz Ayarde, dijo que el gobernador cerró el Sedeca arguyendo haber encontrado una serie de casos de corrupción pero, hasta la fecha, no hay ningún exfuncionario juzgado por esto.
¿Qué dice la Gobernación?
El secretario de Gestión de la Gobernación, Jorge Bacotich, aclaró que ningún pasaje de la conminatoria laboral expresa que debe reabrirse el exSedeca y que ahí deben ser restituidos los trabajadores, sino que se habla del Gobierno Departamental.
Asimismo, enfatizó que a través de diferentes medios se comunicó a los afectados que debían apersonarse a la unidad liquidadora pero no se puede obligar a nadie a hacerlo.
El Periódico
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