El asambleísta y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Alan Barca Herrera, manifestó que con el nuevo acuerdo aprobado entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Regional del Chaco para la transferencia del 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se establecen nuevas condiciones para disponer de estos recursos.
Indicó que, a diferencia de anteriores gestiones, el Chaco asumirá competencias que antes eran cargadas al presupuesto de la Gobernación, a pesar de la autonomía que rige en la región.
Recordó que el año 2021 hubo una serie de movilizaciones luego de que el Ejecutivo no asignara los recursos del IDH en el Plan Operativo Anual (POA) 2022, sin embargo, a partir de ahora cambiará la figura y con el aval del Órgano Legislativo se oficializó el convenio firmado entre el gobernador, Oscar Montes y el ejecutivo regional, José Luis Ábrego.
“Por IDH al departamento llegan aproximadamente Bs 84 millones, de ahí hay que descontar leyes nacionales y queda, más o menos, 59 millones, de eso se le saca el 45% y alrededor de 26 millones irán designados al Chaco por concepto de IDH, ya está presupuestado y garantizado”, manifestó.
En ese orden, detalló que ahora ese nivel de gobierno se hará cargo de cancelar obligaciones como la Renta Dignidad, Fondo Patriótico, seguridad ciudadana, el programa contra la violencia hacia la mujer, el prediario, títulos de bachiller y el bono vacunación
El acuerdo fue firmado en el Salón Rojo de la Gobernación a fines del 2021.
Movilizaciones
En noviembre del 2021, una comitiva de autoridades del Gobierno Regional del Chaco, se trasladó hasta la ciudad de Tarija luego de conocer que la Gobernación no había incluido la transferencia de IDH en el POA 2022, por ello, instalaron una vigilia en las puertas de la institución hasta que se logró desarrollar el diálogo.
En una reunión, se llegó a la conclusión de que a partir de ahora se ratificará la transferencia del 45% del IDH al Chaco, caso contrario, la región autónoma acudiría al Gobierno Nacional para exigir el débito de estos recursos.
El Periódico
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