Cada 24 de septiembre en Bolivia se conmemora el Día Nacional de la Persona Privada de Libertad, siendo una oportunidad para recordar que la reinserción es posible, pero también para poner en evidencia las condiciones en la que se vive dentro del penal. Desde el inicio de la gestión hasta la fecha el recuento de hechos suscitados en el penal de Morros Blancos de Tarija incluye dos muertos, además de fugas, violaciones y denuncias por múltiples irregularidades.
La muerte, de cerca
Empuñando un arma blanca a la 1:00 de la madrugada del 17 de febrero, José Rangel Valdez, que a sus 23 ya cumplía una condena por asesinato, degolló a su compañero de celda, Víctor Villarrubia, con cargos por robo. Luego de esperar su muerte, llamó a los guardias para que levanten el cadáver. Mes y medio después el hombre recibió la sentencia de 30 años.
En la ronda de los guardias el 3 de marzo, hallaron el cadáver de David Alejandro Carrasco. A raíz de un estado de depresión, optó por colgarse con una cuerda de los barrotes de su celda.
Casi corrió la misma suerte Jorge Días el 17 de abril cuando fue a lavarse los dientes y recibió múltiples puñaladas a manos de Miguel Ángel Zegarra alias “El Choclo”. Su traslado al hospital fue a tiempo para salvarle la vida.
La escena fue similar hace dos semanas, cuando un sentenciado por asesinato y otro por homicidio siguieron a un reo hasta su celda y allí lo atacaron con arma punzocortante. No contaban con que los guardias escucharían los gritos y lo auxiliarían.
Fugas
Nelson Sánchez Leañez y el brasileño Alberdane López Da Silva, ambos con antecedentes por asesinato y narcotráfico, huyeron el 6 de febrero burlando la malla perimetral con ayuda de una soga y, presuntamente, de los oficiales de turno.
Igualmente llamativo fue la fuga de Marcos Sandoval Q. de 25 años, que esquivó a sus custodios durante una consulta médica. Al ser recapturado, este hombre procesado por violar a una menor de edad dijo que sufrió el mismo tipo de agresión en la cárcel.
Privilegios vs extrema pobreza
Por ingresos y salidas fluctúa la cifra de presos fijada en unos 700, pero no todos viven en las mismas condiciones.
Según un reporte de Régimen Penitenciario hay un porcentaje de ellos que accede a beneficios como heladeras y celdas propias. Mientras hay quienes comparten un espacio de 3 por 4 metros entre cinco o seis, otros pudieron hasta construirse ambientes.
En poco tiempo se volvieron virales las fotografías de la situación del sentenciado por estafa y estelionato Darío Ordóñez. Previo a su traslado a Cantumarca, Potosí, habitaba dos celdas con televisión, parlante, sillón y hasta equipos de gimnasio.
El contraste también se puede hacer con el pabellón de mujeres, con unas 40 internas que comparten el área más pequeña. Algunas de ellas durmiendo debajo de calaminas sin revoque.
El acceso a celulares también marca una diferencia, aunque está prohibido, hay quienes tienen un dispositivo.
Incluso un sentenciado por feminicidio tenía una computadora con la que lideró un clan de estafa con más de 200 víctimas. Con anuncios falsos usando el logo del Ministerio de Educación, vendió cursos y contrató personal.
Esto se suma a las últimas denuncias por la existencia de “grupos de poder” que definen la convivencia y supuestamente ingresan sustancias controladas.
Sin retorno
“Basurero humano” es como Mario Sotelo, párroco de la cárcel la calificó. Su principal demanda al Estado son las acciones de reinserción, como garantizar el funcionamiento con insumos para los talleres, como el de carpintería.
El apunte
Atenciones por el Día del Privado de Libertad
Por el Día de la Persona Privada de Libertad, este viernes se llevó adelante una Jornada de Asistencia Multidisciplinaria. Llegó personal del SEGIP, Defensa Pública, el programa de Post Alfabetización, el Programa VIH del SEDES y el Centro de Salud San Jorge a fin de que se expida cédulas de identidad, pruebas rápidas de VIH, inscripción al programa de Post Alfabetización y asistencia jurídica.
La delegada de la Defensoría del Pueblo, Carola Romero, indicó que también cada unidad dejó una donación en productos de primera necesidad para paliar la situación de pobreza de la mayoría de los reos.
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