Al menos 68 reos fallecieron ayer tras enfrentamientos registrados en la cárcel principal de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde en septiembre pasado murieron otros 118 presos en una masacre, atribuida por las autoridades a luchas de poder entre bandas relacionadas con el narcotráfico.
“Según información preliminar, alrededor de 68 privados de libertad fueron asesinados y otros 25 heridos”, escribió la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
El organismo indicó que abrió una investigación por “los hechos violentos y asesinatos registrados la noche de ayer y madrugada del sábado al interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil”.
Enfrentamientos
Pablo Arosemena, gobernador de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, explicado que los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de reos buscó acorralar a los recluidos en el pabellón 2, que se quedó sin su cabecilla luego de que la Justicia lo dejara en libertad al haber cumplido el 60 por ciento de su condena.
“Al estar ese pabellón sin cabecilla, otros pabellones, con otras bandas, pretendían doblegarlos, entrar a hacer una masacre total”, dijo Arosemena en una rueda de prensa al detallar que en el pabellón 2 están recluidas aproximadamente 700 personas.
La Policía usó gases lacrimógenos para disuadir la situación, sostuvo Arosemena al apuntar que los reos que intentaban entrar al pabellón 2 no sólo disparaban “y hacían detonaciones, sino que estaban tratando de hacer un hueco en la pared” para ingresar.
“Al mismo tiempo quemaban colchones, generando humo tóxico”, afirmó el gobernador de Guayas al anotar que el ingreso de la Policía al pabellón en la madrugada “finalizó para salvar vidas”.
Desesperación
Familiares denunciaron la inacción del gobierno de Ecuador ante la inseguridad en esa cárcel, escenario de una segunda matanza en menos de dos meses.
Cientos de personas se volcaron al Centro de Privación de Libertad Guayas, para clamar por noticias de sus familiares.
Llenos de desesperación, desconcierto y lágrimas, madres, padres, hermanos, hijos y hasta cuñados esperaban en los exteriores de la cárcel en la que en septiembre pasado se registraron 118 asesinatos.
La angustia de los familiares aumentaba cada vez que veían entrar y salir ambulancias y camionetas de Medicina Legal y de la Cruz Roja.
Entre los que esperaban estaban Blanca Puente y José Zambrano, quienes buscaban a su hijo de 26 años, encarcelado por robo.“Ya tiene ocho meses. Lo acusan de que se llevó un celular de 400 dólares, pero él es inocente, nunca le encontraron las evidencias. Aún no tiene sentencia y los fiscales no hacen nada”, dice.
El padre, quien asegura que se enteró de las revueltas por internet, pide a las autoridades que “solucionen este problema”. “Soy un hombre pobre, no tengo para pagarle un abogado. Quiero que me ayuden”, reitera.
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