Tras el informe, la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia acusó a la defensora del pueblo Nadia Cruz, a instituciones gubernamentales y a varias ONG por la interrupción del embarazo, denunció la muerte del neonato y rechazó las acciones tomadas en el caso.
“Esta menor el día de ayer ha interrumpido su embarazo conforme a la normativa legal vigente, lo que han dispuesto las autoridades judiciales en nuestro país. La menor ya ha sido dada de alta el día de ayer y ya va a estar dispuesta para la Defensoría del municipio de Yapacaní”, informó Del Castillo en conferencia de prensa.
El sábado, los abogados defensores de la madre de la niña embarazada producto de una violación denunciaron que se habría sometido a la menor a un parto prematuro sin el consentimiento de la madre, misma que fue prácticamente secuestrada y perseguida por las autoridades para alejarla de su hija y realizar la intervención.
En tanto, desde la Defensoría del Pueblo indicaron que el caso se maneja con absoluta reserva, pero que “se protegió” los derechos de la niña tras lograr parte de la tutela solicitada a la Justicia para resguarda los derechos de la niña, mediante la cual se dispuso la valoración integral de la menor y su respectivo traslado del hogar de acogida brindado por la Iglesia católica.
“Con profunda consternación, dolor e impotencia, ante la cruel e inhumana sentencia de muerte a un ser inocente, cuyo infanticidio ha sido consumado, y frente a la puesta en riesgo de la vida de una menor con seis meses de gestación obligada a abortar”, señala parte del comunicado de la Plataforma.
Asimismo, rechaza “enfáticamente este crimen planificado bajo coerción e impuesto por instituciones gubernamentales y ONG promotoras del aborto e impulsoras de una agenda antinatalista, que han impuesto la finalización violenta, forzada y definitiva de la vida de un niño, en contra de la voluntad de la joven madre, el bebé y su tutora, la madre de la menor, a quien se le ha privado todo acceso para saber algo de su hija”.
La Plataforma también exigió que se dé curso a la condena definitiva del violador de la niña de 11 años, que la dejó embarazada. “La justicia debe caer con todo el peso de la ley para que nunca más pueda hacerle daño a ella o a otra persona”, añade la nota.
Denuncia
La Defensora del Pueblo presentó una denuncia penal contra el arzobispado de Santa Cruz, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y la Maternidad Percy Boland por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas y desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas con fines de embarazo forzado, con fines de guarda o adopción. Esto con el fin de que no quede “impune la tortura que sufrió la menor”, dijo.
Confrontación con la iglesia católica
El obispo Sergio Gualberti indicó, en la homilía de este domingo, que las instituciones estatales llamadas por ley a defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, discriminan y promueven la muerte.
“Ésta es una tarea desafiante en nuestra sociedad donde hay corrientes violentas y pregoneras de muerte”, dijo citado por El Deber. En respuesta, Del Castillo cuestionó a la Iglesia por no pronunciarse en contra de los violadores. “La Iglesia debería pronunciarse sobre violadores de niñas en nuestro país, ése debería ser el principal rol de la Iglesia. ¿Por qué no habla en contra de los violadores?”, manifestó.
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