Una iglesia, bajo la lupa. El nombre de un sacerdote boliviano, de la congregación de las Carmelitas, en portadas y titulares. El padre Milton M.O., párroco del templo de San Roque, Tarija, se encuentra tras las rejas por delitos de orden sexual. Es uno de los pocos curas ingresado a una cárcel, pero no porque no se hayan denunciado casos contra religiosos, sino porque superiores tomaron medidas para ocultar los hechos y desacreditar a las víctimas.
El padre Milton M. fue aprehendido el miércoles 17 de mayo, al promediar las 07:45, en inmediaciones de la iglesia donde era párroco, desde septiembre de 2022, por presuntamente haber abusado sexualmente de exseminaristas hace una década. Ocupó ese cargo cuando su superior Garvin Grech, nacido en Malta (una isla de la Europa meridional), fue denunciado por su “mano derecha” de vivir una “doble vida”. Lo acusó de mantener una relación homosexual y de desviar donaciones y, aunque él negó las acusaciones, la Iglesia lo alejó de la parroquia donde estuvo por casi 20 años.
En recientes días, se conoció, por una víctima, que Grech se enteró de las denuncias en contra del padre Milton M., pero no hizo más que llamar a su superior en Malta para que escuche a los afectados. No pasó nada más. El maltés debía declarar el viernes 19, pero, por información del comandante de la Policía de Tarija, Edson Claure, el religioso salió del país por el paso fronterizo de Bermejo hacia Argentina. Su salida fue legal porque no había alerta migratoria ni pesaba sobre él una orden de aprehensión. Dejó Bolivia tras enterarse que Milton M. había sido detenido por la Policía.
EXSEMINARISTA ROMPE EL SILENCIO “Era un infierno vivir con el padre Milton M.”, dijo un exseminarista que denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte del que hasta hace poco fue párroco de San Roque.
En ese tiempo, el Padre era administrador del Seminario de la Orden Carmelita Virgen de Fátima de La Paz. El joven que decidió “romper el silencio” relató que Milton M. le realizaba toques impúdicos en sus partes íntimas, pero pretendía convencerlo de que se trataba de una revisión médica de rutina. Eso hacía no solo con él, sino con sus compañeros seminaristas.
“Él decía que era como el médico y que debía revisar que no tengamos enfermedades. En ocasiones nos preguntaba si preferíamos que nos revise un médico y, aunque le decíamos que queríamos que nos vea un doctor, igual terminaba revisándonos. Eso sucedía en cualquier momento”, señaló una de las víctimas en entrevista con Unitel.
Los abusos se conocieron en 2014, por lo que los superiores determinaron cerrar la Iglesia de las Carmelitas en La Paz, según el testimonio de otra víctima. Milton M. habría sido enviado a Roma como “castigo”, pero seguía como sacerdote, y luego de un tiempo retornó a Bolivia.
LA CAÍDA Cuando la “mano derecha” de Garvin Grech, una religiosa, lo denunció en 2022 por homosexualidad y desvío de donaciones, unos jóvenes se le acercaron porque ella se había animado a hablar de un tema que era considerado “prohibido”. Se declararon víctimas del padre Milton M. y ella conoció testimonios de unas 10 personas. Dijo que hay informes que prueban esos hechos, puesto que algunos afectados acudieron al psicólogo.
Otro exseminarista contó que les ofrecieron 50 mil bolivianos para callarlos y que algunas personas que conocieron de su denuncia los llamaban “demonios” porque estaban dañando la imagen del cura. “No nos creyeron. Para ellos, él es un sacerdote ejemplar”.
Una serie de acusaciones contra sacerdotes por violencia sexual y el posible encubrimiento de estos casos ha desatado críticas en las últimas semanas en Bolivia. Ante esta situación, un familiar de una de las que sería víctima del padre Milton M. acudió a las autoridades para denunciarlo, por lo que el religioso fue aprehendido y puesto ante un juez que determinó el jueves 18 de mayo su reclusión preventiva, por tres meses, en el penal de Morros Blancos. La decisión judicial se dio mientras un grupo de personas del lado del religioso oraban y cantaban por él en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que el caso ha sido declarado en reserva para proteger a las víctimas. Habría otros afectados en La Paz y se habla de más de 30 personas abusadas por el ahora detenido, según una publicación de ABI.
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