El mundo de las criptomonedas en Venezuela, muy activo por la búsqueda de refugio ante la inflación y el bajo costo de la electricidad necesaria para operar con estos activos, se ve sacudido por un escándalo de corrupción que tiene su epicentro en la petrolera PDVSA.
El gobierno de Nicolás Maduro apostó fuerte por los
criptoactivos como vía para eludir las sanciones financieras de Estados Unidos
contra Venezuela, e incluso lanzó en 2018 una criptomoneda estatal, el petro.
Las cosas, sin embargo, dieron un giro: la estatal
Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) quedó enredada en un
escándalo de corrupción en PDVSA y otras empresas e instituciones estatales. La
trama ha dejado decenas de funcionarios detenidos y derivó en la renuncia del
otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
Tras denuncias de la fiscalía de irregularidades en el
manejo de fondos de operaciones petroleras realizadas con criptoactivos, el presidente
de la superintendencia, Joselit Ramírez, fue arrestado en marzo, al igual que
el jefe de operaciones de minería digital de la institución, Rajiv Mosqueda.
Inversores en criptomonedas aseguran que, en medio de las
investigaciones, múltiples órdenes de apagar granjas de minería digital (donde
se producen estos activos) y exchanges (plataformas de intercambio de criptos)
han paralizado el ecosistema local.
La AFP consultó con fuentes judiciales sobre el número de
granjas y exchanges afectados, sin respuesta hasta el momento.
"Están torpedeando la minería (de criptomonedas).
Averigüen lo que tengan que averiguar, ¿pero por qué tienen que apagar
todo?", se preguntó en diálogo con la AFP Humberto Quintero, directivo de
la privada Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP) y de la plataforma
especializada CryptoLand Venezuela, quien pide mayor "transparencia"
de parte de las autoridades.
"¿Tú tienes un problema y tu solución es agarrar una
metralleta y matar a todo el mundo?", cuestiona Quintero.
La Superintendencia de Criptoactivos está ahora bajo control
de una junta interventora, pero su sede permanece cerrada desde la detención de
Ramírez. Incluso las letras metálicas plateadas del cartel de 'SUNACRIP' a las
puertas del edificio en el centro de Caracas fueron retiradas, constató la AFP.
El uso de criptomonedas era alto Venezuela mucho antes de la
apuesta de Maduro por el petro. Estos criptoactivos fueron vistos como refugio
frente a una inflación crónica y la constante depreciación de la moneda local,
el bolívar.
Según una encuesta presentada el año pasado en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, un 10,3% de
la población venezolana posee 'criptos', frente a 8,3% en Estados Unidos y 5%
en el Reino Unido.
La minería de criptomonedas como el bitcoin proliferó en la
última década en Venezuela, impulsada por el bajo costo de la energía necesaria
para su producción o 'minado', pese a severos problemas de suministro
eléctrico. Perseguida al principio, el gobierno la autorizó cuando viró hacia
los criptoactivos y la fomentó con granjas de minado estatales.
La SUNACRIP, creada en 2018 por el gobierno de Maduro,
otorgaba licencias de operación.
"Todas las personas que trataron de legalizar su estado
(ante la SUNACRIP) quedan expuestas", dice a la AFP Luis -nombre ficticio
para proteger su identidad-, quien apagó dos granjas de minería de bitcoin en
las que tenía unas 500 máquinas. "Están mejor quienes lo hacían
anónimamente", se queja.
"Yo eliminé las granjas. Es un absurdo que vengan y te
obliguen a apagar todo hasta nuevo aviso. Todo esto nos devuelve a un limbo
legal", agrega.
Al mismo tiempo, el ambiente se enrareció aún más en los
últimos días por la paralización de transacciones con petros, sin explicaciones
de las autoridades. El uso de esta criptomoneda ha estado siempre prácticamente
restringido a operaciones con el Estado.
"Repentinamente y sin aviso" la cadena de bloques
del petro, tecnología que permite registrar operaciones en esa criptomoneda,
"fue paralizada, imposibilitando transacciones", indicó el fin de
semana un comunicado divulgado por la plataforma CryptoLand.
La cadena de bloques o "blockchain" se reactivó
fugazmente el sábado, para después volver a congelarse hasta el lunes.
Un probable error de sistema en las cotizaciones, que
permitió adquirir petros a precios muy por debajo del mercado, antecedió la
situación.
"Esperemos que poco a poco se restituyan todos los
servicios y App (aplicaciones) derivadas", publicó CryptoLand en Twitter.
Inversores denuncian que cientos de cuentas de usuarios del
petro fueron bloqueadas en la plataforma digital de planes sociales del
gobierno, que no ha dado explicaciones sobre lo sucedido.
Agencias
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