La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha solicitado de manera formal al Comité Cívico pro Santa Cruz la lista de su directorio en la gestión 2019 para investigar la relación que tenían con Javier Triguero Pairumani, quien en ese entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Ansclapol, regional Santa Cruz) y ahora es acusado de encabezar un motín policial durante los conflictos sociales, previa a la renuncia de Evo Morales.
El requerimiento fue enviado por la fiscal Yolanda Aguilera y pide al Comité enviar la documentación a las oficinas de la Fiscalía, ubicada en el segundo anillo y Monseñor Rivero. Los delitos que se investiga son instigación pública a delinquir e incumplimiento de deberes.
El denunciado por este caso es Triguero, debido a que el 8 de noviembre de 2019 declaró “motín policial” en las puertas del comando departamental de la Policía cruceña, donde también estuvieron presentes líderes cívicos, entre ellos Rómulo Calvo, actual presidente del Comité.
La comisión de fiscales de la Unidad anticorrupción busca conocer la relación que tenían los exdirectivos del comité cruceño con el expresidente de la Ansclapol y los motivos que desencadenaron el motín dentro de la institución verde olivo durante los 21 días de paro.
Treintena de procesos contra Calvo
El Gobierno nacional reveló este jueves que Rómulo Calvo, actual presidente del Comité, tiene 35 procesos judiciales en su contra y solicitó a la Fiscalía dar celeridad a dichas causas.
“Este exalcalde de Santa Cruz, este exconcejal, tiene más de 35 procesos en el sistema de registro de causas, hay muchos casos de corrupción en los que está involucrado, presentados no por el MAS, sino por el exalcalde Percy Fernández, algunos de ellos con acusación”, aseveró Iván Lima, ministro de Justicia.
Según Lima, el líder cívico tiene la responsabilidad de presentarse ante la justicia, al igual que cualquier ciudadano, cuando sea convocado, a tiempo de garantizar un debido proceso frente a las últimas causas que le inició el MAS, por el paro multisectorial de nueve días.
“Al ser un tema de interés público, se están pidiendo los informes respectivos y el Ministerio Público debe actuar, él tiene las garantías de un debido proceso, pero necesariamente los casos no pueden quedar en la impunidad, ni olvidados”, concluyó en entrevista con Bolivia Tv.
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