JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES
El artículo 22 de la Constitución Política prescribe que es deber
primordial del Estado Plurinacional de Bolivia respetar la dignidad y la
libertad de las personas. Según el artículo 23, “la libertad personal sólo
podrá ser restringida en los límites señalados por la Ley para asegurar el
descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”.
No se debe privar a nadie de su derecho a la libertad sino únicamente
como consecuencia de un juicio previo. El derecho a la libertad puede ser
restringido legalmente antes de emisión de sentencia, mediante una orden de
detención preventiva. Tal decisión tiene el carácter de cautelar, porque su
propósito es evitar la frustración del proceso si se produce la fuga de la
persona a la que se intenta procesar.
Una decisión de esa naturaleza se aplica exclusivamente ante un caso de
flagrancia con referencia a un delito que se descubre en el momento mismo de su
realización y, en otras circunstancias, únicamente si hay peligro de fuga o
entorpecimiento de la investigación.
La orden emitida por el Ministro de gobierno a sus subordinados del Ministerio
Público para que inicien la fase preparatoria de proceso a la expresidenta de
la República Jeanine Áñez, y procedan en consecuencia a su detención
preventiva, es comparable por su alto grado de atropello al espíritu de
justicia sólo a los vejámenes que sufrieron por encono político los
funcionarios públicos Leopoldo Fernández y José María Bakovic.
En ejercicio del principio de igualdad, toda persona sin privilegio
alguno por condición jerárquica política o religiosa, puede ser convocada a
estrados judiciales ante acusación por comisión de delitos. Pero siempre sin
violación a las reglas que exigen que la detención preventiva es posible con
carácter excepcional. Ninguno de los requisitos exigidos por la ley a ese
efecto fue demostrado como causal para la detención preventiva de Jeanine Áñez.
Esa acción proviene de la afirmación que hacen los gobernantes en
sentido de que su caudillo fue derrocado por un golpe de Estado. Por ello
quieren perseguir a quienes consideran autores de esa imaginada defenestración.
Es posible que, además, tales decisiones tengan origen en el hecho de que
algunos militantes de la facción política que hoy gobierna fueron privados de
libertad sin previo proceso, no en celdas policiales sino en cómodas
habitaciones en el edificio de la embajada de un país amigo.
El autor es abogado.
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