Este artículo comenzó hace un par de semanas, cuando, en una parrillada,
un amigo me contó que para obtener el puesto de un juez hay que pagar 50 mil
dólares. Y esa inversión se recupera en un año.
Por eso no debería sorprendernos que la Sala Penal 1 del Tribunal
Departamental de Justicia de Cochabamba libere a un pandillero que fue
condenado a 30 años de cárcel por feminicidio. Omar Alejandro Ordoñez integró
una peligrosa pandilla en Cliza, en el valle alto y junto a su grupo, en un
rito de iniciación, violó y mató a una colegiala, que era su enamorada.
La vocal de la Sala Penal 1, Mirtha Mabel Montaño, decidió otorgarle la
posibilidad de salir del penal de El Abra en cuanto cumpla con el pago de una
fianza de Bs 100.000 y que se presente cada lunes a la Fiscalía para firmar el
cuaderno, entre otras medidas.
Tampoco debería sorprendernos que los dos pilotos de la Fuerza Aérea
Boliviana implicados en el accidente aéreo de Sacaba sean llevados a la
justicia ordinaria, cuando en realidad deberían ser investigados por la vía
militar.
Ahora guardan detención domiciliaria. El teniente coronel Iván Z. A.
deberá presentarse cada 14 días ante el Ministerio Publico y debe efectuar el
pago de una fianza de Bs 5.000. Para el teniente Juan Javier A. V. se dispuso
detención domiciliaria con derecho al trabajo, el pago de una fianza de Bs
30.000, arraigo, y otras medidas.
Esas son las cifras oficiales. Poco se sabe de las no oficiales que
solicitan jueces y autoridades para dar celeridad a un caso, o sepultarlo bajo
toneladas de papelería burocrática.
Los escándalos sobre corrupción en todos los niveles del Estado
boliviano son habituales y, a la fecha, ninguna ley ha sido efectiva para
reducir su frecuencia. Se pide a la ciudadanía denunciar estos hechos, pero el
miedo, la frustración y la impotencia impiden las denuncias.
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de
efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la
ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados,
erosiona la calidad de vida y permite florecer al crimen organizado, al
terrorismo y otras amenazas”, dice António Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas.
La corrupción impide un correcto manejo de los recursos del Estado que
deben ser utilizados con honestidad en beneficio de la población. Por eso es
justo pedir que la directora administrativa de la Orquesta Sinfónica
Plurinacional renuncie a su cargo al haber usado indebidamente los bienes del
Estado y también la renuncia de jueces y vocales, que demuestran un servilismo
al poder político y se alejan de una correcta administración de la justicia.
La autora cree que la corrupción afecta a nuestra dignidad.
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