El lunes 22 de marzo, la Comisión de la Verdad creada por Ley 879 de 23
de diciembre de 2016 y posesionada el 21 de agosto de 2017, presentó
oficialmente su Informe Final. Se trata de 11 tomos y un resumen ejecutivo cuyo
contenido fue resumido por su presidenta Nila Heredia en el acto de
presentación, 41 años después del hallazgo del cuerpo de Luis Espinal,
torturado y asesinado, el 22 de marzo de 1980.
Se trata de un trabajo meritorio cumplido en algo más de dos años por la
Comisión, dónde debe destacarse, además de Nila, la dedicación y el compromiso
de Édgar Ramírez, ese gran líder minero que hoy ya no nos acompaña y que motorizó
la investigación. Todavía no está disponible ese resumen ejecutivo, pero al
menos debo resaltar un aspecto esencial de la presentación que leyó el pasado
lunes la Dra. Heredia:
Es la primera vez que una comisión de investigación accede a los archivos
secretos, celosamente guardados en el Departamento II del Estado Mayor del
Ejército (EME). Según Nila Heredia: “…si bien se realizó extemporáneamente, es
destacable el acto de abrir la documentación clasificada del Departamento II de
las Fuerzas Armadas (…) es posible afirmar que el material logrado es de alto
valor e importancia”.
Habrá que revisar el Informe para ver cuál fue el “material logrado de
alto valor”, pero estamos ante un hecho verdaderamente histórico para la vida
democrática y especialmente para el esclarecimiento de la verdad. Resulta que,
comprobadamente, sí existen los archivos secretos de las dictaduras militares,
guardados y negados hasta hoy por los distintos mandos castrenses. Dicha
negación, increíblemente, fue asumida como “verdad oficial” por los
exmandatarios Evo Morales y Álvaro García que, a partir de supuestos informes
castrenses, afirmaron que esa documentación no existía porque fue “destruida”
por los propios militares.
Siempre según la palabra autorizada de Nila Heredia “…aún las Fuerzas
Armadas deberán desclasificar la enorme documentación que ha quedado y que la
Comisión de la Verdad no ha logrado digitalizar del todo, o la mayoría…”.
Se acabó el secreto castrense. Los archivos del terror dictatorial
(desde Barrientos hasta García Meza pasando por Natusch y Banzer) sí existen,
están en el Departamento II del EME, son “enormes” y deben ser puestos de
inmediato a disposición, de la Asamblea Legislativa y del Ministerio Público
para efectuar toda la investigación pendiente que, efectivamente, nos conduzca
a la verdad y, si fuese posible, a la identificación y sanción de los
principales responsables.
Sólo para citar cuatro casos gravísimos de violación de derechos humanos
que, seguramente, están registrados en esos archivos y que fueron
protagonizando por gobiernos militares: 1. La masacre de San Juan, ocurrida la
noche del 24 de junio de 1967, durante el gobierno de Barrientos. 2. La masacre
de Tolata y Epizana, producida el 29 de enero de 1972 en el valle alto de
Cochabamba durante la dictadura banzerista. 3. La masacre de Todos Santos
perpetrada en noviembre de 1979, durante el efímero gobierno de Natusch. 4.
Varios hechos delictivos del garciamesismo, no investigados, o no
suficientemente esclarecidos en el juicio de responsabilidades, especialmente:
a) el secuestro, tortura y asesinato del padre Luis Espinal, cuya planeación y
ejecución correspondió al Departamento II del Ejército. b) el develamiento de
toda la estructura paramilitar, encabezada por Klaus Barbie, organizada también
desde el Departamento II. c) lo ocurrido con Marcelo Quiroga y Carlos Flores,
ametrallados en la COB e inmediatamente trasladados al Departamento II del EME.
En el caso de Marcelo, aún con vida, fue objeto de torturas y vejámenes para
luego hacerlo desaparecer. d) Los detalles tenebrosos de la masacre de la calle
Harrington contra ocho dirigentes del MIR. En el juicio de responsabilidades
establecimos indicios de que dos o tres de nuestros compañeros salieron con
vida, fueron conducidos al SES y allí torturados y ejecutados.
Como la propia presidente de la Comisión de la Verdad sostuvo, la tarea
de investigación no ha concluido. Por el contrario, con el descubrimiento de
esa documentación clasificada en el Departamento II, recién toma cuerpo y
proyección la investigación de los crímenes de las dictaduras, frente a lo
cual, el Gobierno no puede quedarse solo con la recepción de los 11 tomos y el
Informe Final. Tampoco pueden quedar impasibles ni los parlamentarios ni el
Fiscal General, y menos las FFAA, cuyos mandos, custodios de los archivos,
están en el momento histórico preciso de ser parte genuina de la vida
democrática, entregando toda esa “enorme documentación”, para el
establecimiento definitivo de la verdad y la Justicia.
El autor es político y abogado.
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