Página Siete
El fallo señala que la
expresidenta debe cumplir detención por cuatro meses. En el caso, el principal
denunciado es el gobernador electo, Luis Fernando Camacho. La CIDH emitió un
comunicado recordando al Gobierno del MAS que debe velar por que los procesados
cuenten con las garantías mínimas.
La jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina
Santa Cruz, dispuso hoy la detención preventiva -por cuatro
meses- para la expresidenta constitucional, Jeanine Añez, en el
Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, y en el penal de San
Pedro para los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, por el caso de
supuesto golpe de Estado en 2019.
La audiencia cautelar fue virtual y los tres fueron imputados
por sedición, conspiración y terrorismo. La expresidenta Añez y los exministros
escucharon el fallo en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc) donde están detenidos desde la madrugada del sábado y cuyas
instalaciones fueron rodeadas por grupos violentos afines al MAS, que
exigían en encarcelamiento de las exautoridades.
Los fiscales, Rudy Terrazas, Omar Mejillones y Harold Jarandilla
afirmaron que no se procesa la sucesión constitucional de Añez, sino las
presuntas acciones ilegales que Añez y otras exautoridades cometieron antes de
asumir el cargo. En la audiencia, los fiscales afirmaron que existía un
riesgo de fuga pues desconocían que los tres imputados tenían domicilios
permanentes.
Al inicio de la audiencia, la defensa de la expresidenta
presentó, ante la jueza, incidentes legales para que se declaré la ilegalidad
de la aprehensión de las tres exautoridades en Beni, el pasado viernes.
Asimismo, solicitaron la anulación de la imputación porque -según la defensa-
los fiscales no fundamentaron ni presentaron indicios de que se haya producido
el supuesto golpe y que sus clientes estuvieron involucrados en los
mismos.
La jueza Santa Cruz declaró “infundados” los incidentes y
rechazó ambos pedidos. Mientras se desarrollaba la audiencia, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por su cuenta de
twitter.
“En particular, la CIDH recuerda que el Estado de Bolivia debe
velar porque las personas detenidas cuenten con garantías mínimas para ejercer
su defensa, incluyendo la presentación de recursos efectivos, el conocimiento
de las imputaciones, examen y contradicción de pruebas”, escribió en su cuenta.
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