El Ministerio de Gobierno se adhiere a las denuncias contra
el juez Baptista por autorizar la excarcelación de Peters Dick. Del Castillo
asegura que el abogado del menonita pagó $us 25.000 para que su defendido
obtenga una sentencia beneficiosa.
El Ministerio de Gobierno se adhiere a la denuncia contra el
juez Manuel Baptista Espinoza por autorizar la excarcelación del menonita
Abraham Peters Dick. Sobre Peters recae una sentencia de 25 años al ser
considerado culpable por más de 150 violaciones a mujeres de la comunidad
Manitoba.
El titular de la cartera ministerial, Eduardo del Castillo,
denunció la existencia de un "consorcio de jueces" que opera en el
país para liberar a feminicidas y violadores.
La denuncia interpuesta contra Baptista incluye el cobro de
$us 25.000 para favorecer la salida de Peters Dick con un auto que disponía su
internación en el centro municipal de atención para drogodependientes.
El ministro apunta delitos como prevaricato, uso indebido de
influencias, entre los cargos que pesan sobre el juez.
Dijo además que ampliará la denuncia al abogado del
menonita, Juan Carlos Suñagua, y al director del centro de rehabilitación,
Alfredo Negrete, a quienes acusó de formar parte de un núcleo que opera desde
el sistema judicial que libera a feminicidas y violadores.
La audiencia cautelar realizada la tarde del lunes determinó
la liberación con medidas sustitutivas tanto del abogado como del director del
centro de salud, a pesar de los indicios en su contra.
"Expresamos nuestra molestia por su liberación de los
imputados", manifestó Del Castillo. Además, instruyó una investigación
sobre el actuar del juez Primo Flores por usar todo tipo de chicanerías
jurídicas para permitir la liberación" de imputados.
Peters Dick fue recapturado el 4 de marzo en la comunidad
Manitoba. Su detención responde al trabajo que realiza el Ministerio de
Gobierno en torno a la revisión de las sentencias que disponen la liberación de
condenados por delitos de feminicidio y violación.
Sobre Peters pesa una condena de 25 años por la violación a
150 mujeres que viven en la misma comunidad donde fue capturado. El 2018 se
benefició de una sentencia que permitía su internación en el centro municipal
de atención a drogodependientes de Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, el
menonita jamás ingresó en el centro y más bien se traslado a la misma comunidad
donde cometió los abusos.
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