El mundo del contrabando tiene sus propias reglas, sus
equipos tecnológicos y hasta su propio tarifario en las trancas de control. Las
mafias, que en su mayoría son clanes familiares, “acordaron” con uniformados
una escala de precios para que puedan pasar su mercadería. El más alto es el
puesto de Challapata, en Oruro, donde los contrabandistas pagan a policías
2.500 bolivianos para que un camión pueda pasar. Hay 19 trancas en el
departamento de Oruro que tienen un precio para dejar pasar mercadería ilegal.
EL DEBER accedió a un informe militar que revela el nexo
entre contrabandistas y policías que están destinados en diferentes puntos del
departamento de Oruro. En el documento se evidencia un listado de 19 puntos de
control en localidades orureñas. Este informe revela que los contrabandistas
“acordaron” con policías el pago de un monto de dinero en cada puesto de
control para que los camiones que introducen mercadería ilegal puedan pasar sin
ningún tipo de revisión.
El pago más alto es el de Challapata, localidad que volvió a
convertirse en el núcleo del contrabando, sobre todo de vehículos
indocumentados. En esa tranca las mafias pagan 2.500 bolivianos por camión. Una
de las trancas con pago menor es la de Sevaruyo, localidad que está al medio de
los municipios de Challapata y Uyuni.
“Cada camión cargado con mercadería de contrabando paga
determinadas sumas de dinero para pasar las trancas sin mayores contratiempos.
Los montos son detallados a continuación (ver infografía), que son recaudados
en trancas y provincias, sirven para que los funcionarios policiales
subalternos recuperen lo cancelado por anticipado para ser destinados a estas
localidades”, dice parte del informe militar.
El documento también revela una red de policías que tienen
contactos con clanes familiares que operan con el contrabando. El informe
revela desde coroneles hasta suboficiales que estarían involucrados con las
mafias.
Además, en el texto militar se muestra que los policías
pagan a sus superiores determinadas sumas de dinero para ser destinados a zonas
rojas del contrabando con el fin obtener dinero proveniente de las mafias
dedicadas al transporte de mercadería ilegal.
Pagan por destinos
“Para ser destinado por tres meses a poblaciones por donde
existen trancas dependientes de la Policía Rural y Provincial, y por donde
transitan camiones cargados con mercadería de contrabando, vehículos
indocumentados, precursores, coca prensada y otro tipo de mercadería ilegal,
los funcionarios policiales deben pagar por anticipado”, detalla el documento.
Un policía relata que a estos uniformados se los conoce como
“tranqueros” y que desde años anteriores -cuando Evo Morales era presidente- se
instaló una red policial que tenía nexos con clanes familiares de Oruro.
“Esos puestos son cotizados por los policías en Oruro. El
contrabando tiene códigos con policías, tiene ayuda de estos malos policías y
esto se conocía desde 2020. Hoy, no vemos que haya cambiado la situación”, dice
la fuente policial que prefiere no dar su nombre.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía de
Oruro, coronel Roque Arraya, dijo que en su gestión se erradicaron esos clanes
que operan en la entidad policial y aseguró que ahora hay una labor coordinada
con militares y Aduana para combatir el contrabando. “Tenemos tareas conjuntas
con estas instituciones y también con el Viceministerio de Lucha Contra el
Contrabando. La Policía en Oruro está haciendo su labor para erradicar ese
delito que tanto daño hace al país”, afirmó Arraya.
Los “tranqueros”, según el reporte militar, en su mayoría
son suboficiales y sargentos, que son los mayores de edad, y los más jóvenes
tienen grado de tenientes. En el documento se cuestiona que estos uniformados
tengan patrimonios muy elevados que no son justificados con el salario que
perciben de la Policía Boliviana.
En un caso de un suboficial se demuestra que tiene dos
vagonetas de último modelo marca Toyota y una casa de tres pisos en la ciudad
de Oruro. A este policía se lo vincula con clanes familiares del contrabando.
Este medio no publica los nombres de uniformados debido a que hay una
investigación en curso.
Ya en 2019 se dio a conocer que un centenar de policías de
Oruro estaban implicados en una estructura ilegal que, en complicidad con
civiles, permitían el ingreso de contrabando. Este caso llegó a salpicar a
miembros del Comando de la Policía Boliviana.
En el informe militar se identifican 19 puestos de control
dominados por los “tranqueros”. Se aumentó uno más a la lista que había en la
gestión 2019. Todas las localidades donde están las trancas son parte de las
vías que unen la frontera entre Chile y la ciudad de Oruro. Las trancas donde
sigue el cobro de peaje a los contrabandistas están en; Sabaya, Huachacalla,
Ancaravi, Copacabanita, Sevaruyo. Orinoca, Quillacas, Huari, Challapata, Pazña,
Poopó, Cruce Huanuni, Vichuloma, Jatita, Vila Vila, Capachos, Caihuasi,
Curahuara de Carangas y Radio Patrullas 110 de la ciudad de Oruro.
Esta última tranca fue introducida en el informe militar y
está al ingreso de la capital orureña.
Varios pagos
Un camión cargado de contrabando puede pagar hasta seis
veces en diferentes trancas antes de llegar a Oruro. Pero, en una sola tranca
se puede reunir hasta 110.000 dólares en un mes, tomando en cuenta que diez
motorizados pueden traspasar el control. En este caso se toma el ejemplo de la
tranca de Challapata, que es el puesto donde se cobra más dinero.
Williams Paredes, fiscal especializado en delitos aduaneros,
afirmó que también existen civiles en el cobro de dinero a contrabandistas en puesto
de control. El investigador relató que ahora los funcionarios que cobran peajes
en las rutas de Oruro “venden” información a las mafias. “En las trancas, los
que dan boletas, son los que dan información a los contrabandistas de los
operativos. Son los que dan las boletas, los de Vías Bolivia, ellos les mandan
fotos a los contrabandistas de que están saliendo operativos del CEO”, alertó
Paredes.
La Aduana decomisó Bs 98.5 millones en mercancía de
contrabando hasta febrero de 2022
Los clanes son dirigidos por los hijos de líderes
Son tres clanes familiares los que dominan la mafia del
contrabando en el departamento de Oruro. Estas familias tienen nexos con
policías y ahora es la segunda generación la que dirige las operaciones.
Challapata volvió a ser el cuartel de estas mafias, aunque todos sus lujos y
sus patrimonios están concentrados en la capital orureña.
Un informe militar revela que los clanes “Colque-Herrera”,
“Arce-Arias” y “Mamani-Nina” son las bandas que dominan el ingreso de
contrabando desde la República de Chile. “En sus últimas actividades ilegales
(se refiere a Tito M. P., líder del clan Mamani Nina) no empleó su nombre
propio, usa seudónimos y recientemente utilizó el nombre de sus amistades”,
dice parte del documento.
Según el texto, el líder de este clan opera con una persona
que tiene el alias de “Moroco” y que sus iniciales son Edson A. A. Este
individuo vive entre Chile y Bolivia, en las poblaciones fronterizas de ambos
países. “Moroco tiene un grado de amistad con funcionarios policiales y
militares”, establece el documento militar.
Este clan opera en Pisiga y se dedicaba en un inicio a
introducir de manera ilícita y en diferentes modalidades ropa usada, ropa nueva
y zapatillas de marca. En la actualidad internan electrodomésticos y teléfonos
celulares de alta gama. Esta mafia ahora es manejada por la segunda generación;
es decir, los hijos, hijas y yernos del líder.
Denuncias contra mafias
El Gobierno, en 2019, instaló una denuncia contra el
“Moroco”, quien tiene doble nacionalidad. Según información del Viceministerio
de Lucha Contra el Contrabando, el “Moroco” manejaba la organización de
contrabandistas y que el modo de operar del clan Mamani Nina es captar en la
frontera con Chile a los camiones que quieren ingresar al país, les cobran
dinero y luego pretenden corromper al personal uniformado para transportar la
carga por rutas establecidas.
El informe también indica que otro clan familiar es “Colque
Herrera”. Esta banda era liderada por los esposos Miguel C. C. y Ludim H. V. El
primero fue alcalde mayor de Pisiga en 2017 y hace nueve años estuvo preso en
la cárcel de Alto Hospicio, al norte de Chile, por el delito de narcotráfico.
Fue beneficiado por el indulto de ese año y se desconoce ahora su paradero.
Esta banda en la actualidad es dirigida por los hijos e hijas.
“Miguel C.C. tenía el control total de los chuteros, que son
las personas que ingresan vehículos indocumentados”, dice el informe.
La esposa de Miguel C.C. también se encuentra desaparecida
porque tiene denuncias ante la justicia. En 2019 intentó linchar a dos miembros
del Comando Estratégico Operacional (CEO).
El otro clan familiar es el “Arce-Arias”. Esta banda aparece
congelada debido a que su líder, el “Moroco”, ahora se encuentra en Chile. En
el informe se muestra que esta mafia sigue operando, aunque con menos actividad
que antes. Su ruta tradicional es desde Pisiga hacia el norte de Potosí.
En la actualidad, existen otros siete clanes familiares
inmersos en el contrabando. Todos operan desde la localidad de Pisiga.
Tomado de El Deber
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