Los detenidos favorecieron, por separado, a una condenada
por asesinato y a un menonita que violó, junto a otros hombres, a 150 mujeres.
También cayó un abogado y un psicólogo.
Otros dos jueces, de Santa Cruz y La Paz, fueron detenidos
por liberar a sentenciados por violación múltiple y asesinato; uno de ellos ya
fue liberado. Son investigados por prevaricato, uso indebido de influencias,
consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.
El director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación,
Roberto Almendras, informó que cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas
el juez Manuel B., por la liberación de Abraham Peters Dick, menonita
sentenciado a 25 años de cárcel por violar, junto a otros ocho hombres, a 150
mujeres de la colonia Manitoba, pero que en 2018 logró dejar el penal de
Palmasola con un certificado que decía que era “drogadicto habitual”. El pasado
4 de marzo, Peters fue recapturado y trasladado a la cárcel cruceña.
“Fruto de la inspección a los diferentes juzgados de
Ejecución Penal se advirtió este caso en el cual un menonita fue liberado de
manera irregular supuestamente por enfermedad y argumentaron que era drogadicto
habitual siendo que no correspondía que sea beneficiado (…). Con el propietario
de un centro de reintegración para personas con drogadicción emitían
certificado para beneficiar con detención domiciliaria y eso nos demuestra que
la resolución del juez Manuel B. ha sido totalmente prevaricadora y, por ello,
se abrió el proceso penal”, manifestó Almendras.
El juez Manuel B. fue liberado anoche tras una audiencia
cautelar en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. “La Justicia
en este país no va a cambiar. Te golpean, violan y matan y no pasa nada porque
uno no sabe cuál es más delincuente si el que viola o el que le ayuda al
violador a seguir violando. Liberándolo”, denunció la abogada Jessica
Echeverria.
Por ese caso, también han sido aprehendidos Juan Carlos
S.P., abogado del sentenciado, y Alfredo N.R., director del hospital de
drogodependientes. Este último emitió un informe psicológico que decía que
Peters sufría adicción a las drogas y que debía rehabilitarse. Con ese
documento, el juez primero de Ejecución Penal le otorgó detención domiciliaria
en ese centro para personas con problemas de drogadicción, pero el sentenciado
escapó de este establecimiento.
Según una publicación de El Deber, el condenado pagó al
psicólogo 7.000 dólares por el informe que le permitió dejar la prisión. El
caso de violación múltiple se descubrió en 2009.
SEGUNDO CASO La Policía ejecutó ayer la orden de aprehensión
emitida por el Ministerio Público en contra del juez segundo de Ejecución en lo
Penal de la ciudad de La Paz, Hernán G.Q., por la presunta comisión del delito
de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes,
consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes, por presuntamente
haber otorgado, de manera irregular, detención domiciliaria a una mujer
sentenciada a 30 años de cárcel por los delitos de organización criminal,
secuestro y asesinato con agravante.
“Al haber encontrado los suficientes elementos de
convicción, la Fiscalía ordenó la aprehensión de este juez que, de manera
irregular e ilegal, habría determinado detención domiciliaria temporal sobre la
base de un certificado médico forense firmado por el médico Freddy T.R., quien
también favoreció a Richard Choque, a favor de Teresa Valenzuela Guzmán,
sentenciada a 30 años de cárcel por el Tribunal 1 de Sentencia de Potosí en
marzo de 2014”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
El fiscal Anticorrupción, Tomas Choque, acotó que el 31 de
diciembre de 2021, mediante resolución 415/2021, el juez Hernán G.Q. otorgó
arresto domiciliario a la sentenciada por el plazo de un año luego de que la
defensa de la mujer presentara un certificado médico que decía que tenía
artrosis, cervicomialgia cervical, síndrome ansioso depresivo, entre otros
argumentos con los que logró dejar la cárcel.
Para la Fiscalía los jueces actuaron en contra de la
normativa otorgando beneficios con el mismo modus operandi que el exjuez Rafael
Alcón.
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