Frente al inminente estudio para modificar el factor de distribución, autoridades chaqueñas exigen al gobernador que actúe de forma inmediata.
Luego de que asambleístas de la bancada de Unidos presentaran un proyecto de ley que tiene por objeto facultar al Ejecutivo para disponer recursos económicos a fin de defender el factor de distribución del campo Margarita, el gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, ha indicado que debido a la poca liquidez con la que cuenta el Gobierno Departamental, el Gobierno Regional del Chaco también debe aportar para este cometido.
Explicó que si bien se cuenta con un sustento normativo que permita dar curso a esta necesidad, que contempla la contratación de expertos en materia de hidrocarburos, la máxima autoridad ejecutiva del departamento apuntó que no hay necesidad de hacer un nuevo estudio de distribución, principalmente porque no se han incrementado las reservas de hidrocarburos en Margarita – Huacaya, sino que se ha perforado un nuevo pozo que permitirá extraer gas a mayor velocidad.
“Estamos con el presupuesto sumamente ajustado y todas las partidas están al límite, habrá que hacer un esfuerzo conjunto, la Asamblea Departamental también tiene un presupuesto y tenemos que concurrir, el Chaco tendrá que poner su parte, las alcaldías también porque todos nos beneficiamos de los recursos de los hidrocarburos, entonces tiene que haber una concurrencia financiera”, argumentó Montes.
El estudio en cuestión se ha postergado desde el año 2012 y, luego de la cohesión de autoridades e instituciones chuquisaqueñas, el Gobierno Nacional anunció que a mediados de este año se podrá comenzar a hacer cifras y oficializar una nueva distribución.
El Chaco presiona al gobernador
El asambleísta departamental por el Gran Chaco, Jorge Luis Sanguino, dijo este martes que desde el año 2016, el Gobierno Departamental tiene una ley para la Defensa de los Mega Campos Margarita y Huacaya, que le permite al gobernador hacer modificaciones presupuestarias y contratar a expertos que sustenten este objetivo.
“Esta le permite al gobernador contratar de emergencia profesionales especializados, de Bolivia o el exterior, tendría que accionar de una vez y consensuar con las diferentes autoridades para tener un estudio propio y defender nuestros intereses ante el Gobierno”, mencionó.
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