Gorena explicó que se trata de un padre que violó y embarazó a su propia hija, motivo por el que el Tribunal de Sentencia de Camargo impuso la condena de 25 años de cárcel sin derecho a indulto y prohibición de acercarse a menores de edad. Sin embargo, el sentenciado solicitó detención domiciliaria y la Juez emitió la resolución Nº 171/2021 del 10 de junio de 2021 otorgando detención domiciliaria a cumplir en la misma casa de la víctima.
De la revisión del proceso, la comisión de la Fiscalía General del Estado que realiza la verificación y revisión sobre el estado actual de los casos con sentencias ejecutoriadas, identificó que la juez no tomó en cuenta que el sujeto no había cumplido las dos quintas partes de su condena, requisito indispensable para que se le pueda dar la viabilidad a su solicitud.
En audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público demostró que la Jueza de Ejecución Penal es con probabilidad autora de los delitos de prevaricato y acreditó la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, por ello el Juez Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer N° 2 de la capital determinó detención preventiva.
“En este caso, al igual que todos los casos que atiende el Ministerio Público, se respetaron todos derechos y garantías constitucionales de la imputada, además de garantizar el debido proceso”, dijo Gorena, según una nota de prensa oficial.
El Fiscal, explicó que se verificó también que la jueza cuenta con una salida alternativa dentro otro proceso por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes.
Asimismo, en pasadas horas la fiscalía recibió otras tres denuncias por parte del Consejo de la Magistratura, por presuntas irregularidades cometidas por la misma jueza dentro de otros procesos con sentencias ejecutoriadas por violación y asesinato.
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