Los Tiempos
Es, como lo expresa un reportaje publicado por Los Tiempos,
un secreto a voces: en la justicia boliviana, que confronta acaso la peor
crisis institucional de su historia, operan consorcios que extorsionan y venden
las sentencias y todo lo que se pueda convertir en dinero en un proceso en las
áreas penal, civil y laboral, entre otras.
Un consorcio, en términos legales, es la sociedad espuria
que se establece principalmente entre jueces, fiscales, abogados y policías,
entre otros funcionarios de menor rango, para transformar la justicia en
dinero, pero bajo la mesa, porque organizar estas agrupaciones es una conducta
delictiva, tipificada en el Código Penal. En efecto, el artículo 174 expresa
que aquel juez, fiscal o abogado que incurriera en la acción de conformar estas
oscuras sociedades, con el fin expreso de “procurarse ventajas económicas
ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia”, será sancionado
con una privación de libertad de cinco a 10 años. Es lo que establece la ley
penal, pero quienes administran justicia se han dado modos para conformar
monstruosas estructuras de extorsión y de corrupción.
Estamos habituados a informar y debatir, en la agenda
pública, sobre aquellos procesos en los cuales están implicados personajes del
ámbito político, como por ejemplo el juicio ordinario que contra lo prescrito
en la Constitución Política del Estado y la ley se le sigue a la expresidenta
Jeanine Áñez, pero no solemos reparar en la administración cotidiana de
justicia, que lamentablemente está caracterizada por las operaciones ilegales
de estos consorcios y que afectan al ciudadano común. Caer en la justicia, en
el actual estado de degeneración en que se encuentra, equivale a ser víctima de
extorsión y chantaje.
Según lo descrito por quienes han tenido la desdicha de caer
en las manos de un consorcio, nada está librado al azar: el juez envía a una
persona con detención preventiva a la cárcel, así sea inocente o culpable; el
abogado vinculado a la autoridad jurisdiccional toma contacto con la familia
del detenido y promete liberarlo, pero a cambio de dinero; una vez negociado el
monto de la extorsión con los desesperados familiares, el juez, el fiscal y el
abogado “fabrican” los documentos para sacar de la cárcel al “cliente”, de tal
modo que el último paso consiste en el reparto del botín. La mayor tajada, por
supuesto, corresponde al juez. Así es como han obtenido su libertad asesinos
seriales y feminicidas como Richard Choque, después de pagar 3.500 dólares y
una botella de whisky, y otros delincuentes sentenciados a 30 años sin derecho
a indulto y con sentencia ejecutoriada. Se trata, en realidad, de una
floreciente “industria” que convierte en millonarios a jueces, fiscales,
abogados y policías.
A la hora de hablar de una reforma judicial, se debe
garantizar que quienes sean elevados a la dignidad de jueces o de fiscales sean
los más idóneos, por sus méritos, y no los que cuentan con aval del MAS, como
sucede ahora. Sin esta reforma, no es posible hablar de un cambio profundo en
la justicia.
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