La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía departamental de Santa Cruz presentó la imputación formal contra Angélica Sosa, exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, y otras ocho personas más por la implementación del sistema de buses de tránsito rápido (BRT) en la ciudad.
La denuncia fue presentada por el diputado del Movimiento al Socialismo, Anyelo Céspedes el 5 de mayo del año pasado, luego de que Sosa se presentó ante la Cámara de Diputados a brindar un informe oral sobre el presupuesto y la ejecución del BRT.
Según el cuadernillo de investigación de la Fiscalía, al que accedió EL DEBER, en la demanda Céspedes detalla que el presupuesto destinado para la primera fase del sistema de transporte rápido fue de Bs 156.185.365 de los cuales se destinó para obras y equipamiento Bs 151.302.959 y para los servicios de supervisión externa Bs 4.882.406. Sin embargo observa “que hasta la fecha no se pudo concluir dejando la obra inconclusa y en total incertidumbre y perjuicio a la población cruceña”.
A esta denuncia se adhirió el actual alcalde Jhonny Fernández el 18 de mayo del año pasado. En el documento acusa a Angélica Sosa por el delito de incumplimiento de deberes. Sin embargo, el 1 de junio de ese año, Céspedes amplió la demanda contra otras ocho personas, entre ellas exfuncionarios municipales.
Los otros acusados son Lucy Mariel López Quiroga (exdirectora de Transporte y Vialidad), Rubén Darío Rivero Gallardo (exjefe Dpto. de Transporte Público Gestión de Trámites y Autorizaciones), Emilse Sengler Fernández (exjefe Dpto. Administrativo SEMURB), Jorge Humberto Ortiz Bruno (exjefe Dpto. Estadísticas y Planificación del Transporte Público Urbano), Rolando Pedro Rivera Correa (exsecretario Municipal de Movilidad Urbana), Nancy Roca Martínez (Profesional "A' Abogado), Jorge Luis Égüez Rivero (Profesional "A" Abogado) y Percy Rojas Limón, presidente de la empresa Chuturubí de la línea 17 y 18, que se adjudicó el contrato de concesión del BTR.
La comisión de fiscales compuesta por Alexander Mendoza y Rose María Barrientos imputó a los nueve sindicados por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado.
En la imputación presentada al Juzgado Segundo de Anticorrupción el Ministerio pide la detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 180 días para todos los implicados en este proceso.
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