Algunas empresas, después de hasta 16 años, sospechosamente, pretenden pagos incluso por obras no ejecutadas, según el Gobernador Oscar Montes.
La Gobernación este segundo año de gestión si bien terminó el ajuste financiero iniciado y puso en marcha sus diferentes unidades, busca todavía revertir procesos legales para no pagar unos 300 millones de bolivianos.
Persisten de la gestión heredada, los procesos judiciales iniciados por varias empresas constructoras, algunas de proyectos que se ejecutaban el 2004, 2006, dijo al indicar que es altamente sospechoso que los abogados de la gobernación hayan perdido estos procesos.
“Hemos formado un equipo de abogados que está intentando revertir una serie de situaciones que las hemos encontrado ya, no cerradas muchas, pero sí con dictamen judicial, sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos para revertir aquello”, aseguró.
No se entiende que una empresa, a quien se firmó un contrato, que después no cumplió y hasta le rescindieron la contratación, algunas incluso con temas de corrupción confesas, después de 15 años, pretenda cobrar lo que, según ellos, les corresponde, cuestionó.
Intentan cobrar hasta el lucro cesante, son empresas que deberían estar castigadas, pero están con argucias jurídicas, y cómo la gestión anterior se dejó ganar los procesos, los abogados estaban declarando en la plaza y en los estrados judiciales estaban perdiendo, ironizó.
“Son casi 300 millones de bolivianos que están en juego y estamos dando pelea todos los días para tratar de revertir esa situación, porque no es justo que una empresa pretenda cobrar algo que no le corresponde, que no se merece tampoco”, sostuvo.
De acuerdo a Montes hubo una pésima defensa legal de los intereses de la gobernación, se pretende revertir aquello, es el único tema pendiente, porque no depende de la gobernación, sino de la justicia, todo el resto de la administración está marchando.
El gobernador también informó que uno de los problemas complicados fue el pago de 122 millones de bolivianos a Ende con un crédito de la banca tras la negativa del gobierno a un fideicomiso, superado eso la administración está en avance.
La autoridad aseguró que los abogados, pese a la baja remuneración, están poniéndole muchas ganas en los procesos que ya fueron frenados y ahora están en la tarea de revertir esos fallos judiciales, contrarios a la economía de la gobernación.
EL DATO
Para Montes es altamente “sospechoso” que se haya permitido eso, porque con un simple memorial se hubiese evitado que se consolide una serie de peticiones de la empresa a su favor en desmedro de la gobernación, no se defendió a la institución.
“Es sospechoso que se haya perdido todos los juicios, para decir una palabra, y que no se haya defendido a la gobernación”, insistió al admitir que no hubo el debido proceso, por la mala defensa legal de la gobernación.
El Periódico
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