La Comisión Mixta de Constitución aprobó el reglamento para las judiciales, el documento elimina unos 5 requisitos y fija 10 días para inscripción de postulantes. Entretanto, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó un informe que recomienda procesar a los vocales de la Sala Constitucional del Beni que paralizaron el proceso de preselección de candidatos.
El pleno de la ALP debe ratificar el reglamento y calendario
aprobado por la Comisión de Constitución.
La Comisión Mixta de Constitución aprobó la noche de este
martes el nuevo reglamento de preselección de candidatos para las Elecciones Judiciales.
El nuevo documento excluye al menos cinco requisitos comunes para los
postulantes, entre ellos “no haber expresado posturas políticas de manera
pública”.
También se aprobó la convocatoria que fija nuevos plazos
para el proceso de preselección que se extenderá por 80 días, una vez que la
Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la resolución que reencause este
trabajo. El tiempo para la recepción de postulaciones es de 10 días.
Los ajustes fueron aprobados por la mayoría del MAS-IPSP y
con presencia de los legisladores de las alianzas opositoras Comunidad
Ciudadana y Creemos, en la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Mixta de
Constitución que se desarrolló con al menos tres cuartos intermedios.
Como dispuso la Sala Constitucional Primera de Beni, el 13
de abril, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, en el nuevo reglamento
se retiró el numeral 16, además de los numerales el 12, 13, 15 y 17. El fallo
de la Sala Constitucional anuló el proceso de preselección que estaba en curso
y, precisamente, instruyó aprobar un nuevo reglamento.
Los requisitos eliminados son los siguientes:
El numeral 12: No haber sido candidata o candidato de
organización política, a cargos electivos a nivel nacional, departamental,
regional y municipal o en los últimos diez (10) años
El numeral 13: No tener parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente del Estado,
Vicepresidente del Estado, Ministras y Ministros de Estado, Senadoras,
Senadores, Diputadas, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y
Representantes Parlamentarios Supraestatales.
El numeral 15: No ser ni haber sido dependiente de
organizaciones no gubernamentales que conformen el control social del proceso
de selección de autoridades judiciales de la presente gestión
El numeral 16: No haber expresado posturas políticas de
manera pública
El numeral 17: Contar con Ciudadanía Digital.
La diputada del MAS-IPSP, Miriam Martínez, solicitó la
eliminación de los numerales porque, aseguró, “no tienen respaldo normativo y
no son concordantes con la Constitución Política del Estado”.
Con la aprobación, los requisitos comunes fueron reducidos
de 17 a 12. Entre los que se mantienen, está el contar con nacionalidad
boliviana, haber cumplido con los deberes militares (solo varones), no tener
pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no tener sentencia
condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento, no tener sentencia
condenatoria ejecutoriada en materia de violencia ejercida pendiente de
cumplimiento, estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral y hablar al
menos dos idiomas oficiales del país.
También hubo ajuste en otros numerales, pero solo fueron de
forma.
Con la aprobación del informe, que da curso al reglamento y
a la nueva convocatoria, se establecen nuevos plazos para todo el proceso de
preselección, que tomará unos 80 días.
De acuerdo con el cronograma tentativo que presentó la
presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Patria Arce, y que está pendiente
de ratificación en la sesión de Asamblea que se debe realizar en los siguientes
días, la recepción de postulantes tendrá una duración de 10 días.
Luego se hará la publicación de la lista de inscritos en 1
día; la verificación de requisitos se hará en 10 días, la publicación de listas
de postulantes que superen esa primera etapa en un día y la presentación y
resolución de impugnaciones se lo hará en 12 días. Durante dos días se hará la
publicación de la lista de habilitados.
La evaluación de experiencia y formación profesional tomará
9 días; la publicación de la nómina de postulantes que superen esa etapa se
hará en 1 día; la evaluación escrita y la prestación de resultados tomará 5
días y las entrevistas se efectuarán durante 7 días.
Cumplida la labor de evaluación, la Comisión se fijó 1 día para
realizar la sesión donde debe aprobar el informe final, sin que ese plazo sea
un límite porque se podría ampliar dependiendo del debate que se genere entre
las tres fuerzas políticas para llegar a acuerdos, anticipó la senadora Arce.
Inmediatamente después se remitirá el informe a la
presidencia de la Asamblea para que, con el voto de los dos tercios de los
legisladores presentes, se apruebe la lista de los candidatos para las
elecciones judiciales, donde se elegirán a los nuevos integrantes del Tribunal
Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo
de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
Según los plazos provisionales, este proceso de preselección
terminaría la primera quincena de julio.
Comisión de Justicia Plural aprueba procesar a Vocales de la
Sala Constitucional del Beni
Entretanto, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio
Público y Defensa Legal del Estado, luego de analizar el fallo de la Sala
Constitucional de Beni sobre el proceso de preselección de candidatos para las
elecciones judiciales, aprobó por mayoría absoluta un informe que recomiendan
que se inicien procesos contra los Vocales que tomaron tal decisión.
La paralización de los procesos de preselección de
candidatos a las judiciales fue considerado por la mayoría de los miembros de
la Comisión como una conspiración en contra de la conformación de nuevos altos
tribunales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, “de
acuerdo con los mandatos y tiempos establecidos en la Constitución Política del
Estado y las Leyes”. En consecuencia, alertan que esta acción podría arrastrar
nuevamente al país a profundas confrontaciones políticas y sociales.
El presidente de la Comisión Mixta, Luis Flores, remarcó que
el informe incluye una recomendación dirigida al presidente Nato de la
Asamblea, David Choquehuanca para iniciar los procesos que corresponda contra
los vocales de Beni.
“Preocupados como todo el país, ha paralizado prácticamente
todo el proceso de preselección y hemos considerado, con la gran mayoría, que
no existe claridad en la resolución, existe contradicciones. Por lo tanto, hoy
hemos tomado la decisión de recomendarle al Presidente Nato de la Asamblea
Legislativa iniciar los procesos de corresponda”, manifestó el Senador.
En otra de las conclusiones del informe aprobado, se
manifiesta que el Amparo debió ser rechazado o ser declarado improcedente. “La
Acción de Amparo debió ser rechazada in limine (en la entrada) o en caso de
haber sido admitida ser declarada improcedente porque dentro de las
competencias que la Ley les reconoce a los Vocales Constitucionales no les
correspondía resolver dicho reclamo, ya que el constituyente ha previsto en el
Artículo 202 numeral 5 de la afectación de uno o más derechos contra las
resoluciones emitidas por nuestra Constitución Política del Estado (CPE) el
recurso idóneo para reclamar la afectación de uno o más derechos contra las
Resoluciones emitidas por el Órgano Legislativo”.
Asimismo, el mencionado informe también señala que los
Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Beni “han
inobservado la Constitución Política del Estado, en su Artículo 202 numeral 5,
por lo que incurrieron en los delitos previstos y sancionados en los artículos
153 (Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes) y 173
(Prevaricato de Juez o Fiscal), ambos del Código Penal”.
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