El lío que acontece en torno al campo Margarita-Huacaya compartido entre Tarija y Chuquisaca, ha enfrentado a autoridades tarijeñas por el fallo de la justicia de la Acción Popular que concede la tutela a Chuquisaca para suspender la aplicación del factor de distribución del megacampo desde el mes de junio y hasta que se actualice el mencionado factor. Mientras la Gobernación, Asamblea Departamental y cívicos apuntan al Gobierno, desde el MAS culpan al gobernador, Oscar Montes.
Sin embargo, también se ha evidenciado que este tema no ha causado ninguna inquietud en autoridades de la Región Autónoma del Chaco, los gobiernos municipales, ni tampoco en sectores sociales afines al gobierno como los campesinos. Situación que ha sido cuestionada por la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT).
Respecto al fallo de la justicia, el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Jorge Bacotich, adelantó que se actuará por la vía administrativa, para que se revise legalmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en la vía penal, esto por considerar posibles delitos por prevaricato. Reconoció que el fallo es inapelable, pero sí revisable por el TCP.
Cuestionamiento La Gobernación y ALDT cuestionan que autoridades del Chaco y de los gobiernos municipales no se hayan pronunciado
Bacotich mencionó que este fallo de aquí a un par de meses posiblemente afecte en las regalías que percibe el departamento de Tarija, lo que desencadenará en perjuicios a proyectos y programas sociales que se ejecutan, como el Prosol, la Canasta Alimentaria, entre otros.
Asimismo, recalcó que como Gobernación continuarán con la defensa técnica al nuevo estudio de factor de distribución que actualmente viene realizando la empresa Degolyer and Macnaughton Corp sobre el campo compartido Margarita-Huacaya.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la ALDT, Álvaro Ojeda, cuestionó que la justicia chuquisaqueña haya emitido un fallo parcializado, ilegal e inconstitucional, esto debido a que vulnera el Reglamento de Campos Compartidos y no respeta el principio constitucional de irretroactividad y los derechos de Tarija.
“Por otro lado preocupa mucho a los tarijeños que los masistas estén usando una acción popular como un instrumento político, ya que fue este mismo recurso el que se aplicó anteriormente para dejar a la Asamblea sin su Presidente (tras revocar el mandato a Federico Salazar), a través de una acción popular ahora vienen a vulnerar los intereses del departamento”, reclamó.
Ojeda instó a las autoridades tarijeñas afín a la línea del Gobierno, pronunciarse y no tener la voz embargada a un partido político.
Asimismo, adelantó que en la siguiente sesión de la ALDT, se va plantear analizar la situación hidrocarburífera del departamento, para ver la posibilidad de viabilizar alguna normativa que sirva para defender los intereses de Tarija.
“Y si tanto les gusta a ellos meter acciones populares, acciones masistas, entonces nosotros también veremos la forma de hacer una representación, haremos una acción popular y esperamos que el instrumento judicial nos apoye, porque se están viendo vulnerados los derechos y garantías de todo el departamento”, señaló.
A su turno, el representante de la Comisión de Hidrocarburos del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, calificó este fallo judicial como una arremetida política en contra del departamento de Tarija.
“Nosotros no podemos seguir esperando para asumir una medida de presión, de una u otra forma hacernos respetar como tarijeños”, indicó Gira, a tiempo de advertir que el Comité Cívico prevé sostener una reunión para definir las acciones que se asumirán en los siguientes días.
El MAS culpa a Montes
El asesor y vocero del MAS, Mauricio Berbeti, apuntó al gobernador Montes y le sindicó responsabilidad por la derrota judicial respecto al fallo que suspende temporalmente el factor de distribución de las regalías por el campo Margarita-Huacaya.
“Nosotros no sabemos que tratos ha hecho, pero los resultados hablan por sí solos”, mencionó, a tiempo de añadir que el Gobernador ha estado más preocupado por los conflictos políticos acontecidos en la Asamblea que por defender los intereses del departamento.
El País
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