En el marco de una audiencia de Acción Popular, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, resolvió en la víspera conceder la tutela a la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, para lo cual se conmina a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dejar en suspenso el factor de distribución actual del campo Margarita – Huacaya.
“Se dispone dejar en suspenso la aplicación del factor de distribución actual establecido en el reglamento de 12 de agosto de 2012 hasta que se apruebe y se formalicen los resultados del estudio técnico del campo Margarita-Huacaya para determinar la existencia o no de el o los reservorios compartidos entre departamentos y/o actualizar el factor de distribución, debiendo aplicarse este nuevo factor de distribución a partir del mes de junio de 2022”, declaró el vocal, Gonzalo Flores al brindar la parte resolutiva.
Esto significa que, si bien no se congelará la transferencia de regalías, a partir de septiembre (cuando se cancelen las regalías del mes de junio en el cronograma establecido por ley) deberá aplicarse el nuevo factor de distribución y, por consecuencia, otorgarle mayores recursos a Chuquisaca.
Flores refirió que según lo establecido en el artículo 38 del Código Procesal Constitucional, se remitirán los antecedentes de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.
Este fallo no cayó muy bien en el Gobierno Departamental de Tarija, que recibió con desazón la noticia.
Según el secretario de Gestión Institucional, Jorge Bacotich Oliva, la suspensión del factor de distribución contabiliza desde la aplicación de la medida precautoria, desde el 27 de junio hasta que YPFB concluya el estudio técnico de actualización.
“El pozo H1B del Megacampo Margarita Huacaya al tener el factor de distribución suspendido no pagará regalías ni a Chuquisaca, ni a Tarija, ni al Gran Chaco, perjudicando de esa manera a ambos departamentos y a la región. El perjuicio se sentirá en los departamentos en septiembre ya que las regalías se pagan con un diferimiento de 3 meses como prevé la norma en vigencia”, argumentó.
En ese orden, opinó que la Sala en cuestión no consideró las normas en vigencia y el principio de legalidad.
“La norma es clara al señalar que se realiza la distribución de regalías de acuerdo al último estudio vigente que es de cumplimiento obligatorio desde que es aprobado con todas las formalidades procedimentales”, añadió.
No hay comentarios.: