Fanor
Amapo Yubanera, que llegó a la Gobernación de la mano del MAS, fue enviado con
detención preventiva al penal de Mocoví, en Trinidad. Es acusado de supuestos
actos de corrupción durante su gestión, que termina en dos días.
Agencia
El gobernador de Beni, Fanor Amapo Yubanera, fue enviado a
prisión con detención preventiva por el lapso de seis meses. La resolución fue
tomada por el juez anticorrupción Daniel Núñez tras una audiencia cautelar que
duró seis horas y fue instalada en Trinidad, capital de Beni.
Amapo Yubanera, que llegó a la Gobernación de la mano del
Movimiento Al Socialismo (MAS), es acusado de la supuesta comisión de los
delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, conducta
antieconómica, entre otros. Son más de diez procesos los que pesan en su
contra.
Tras escuchar la determinación del juez, la autoridad alegó su
inocencia e indicó que afrontará este proceso y otros que le siguen personas particulares
y empresas privadas. En esta oportunidad es enviado a la cárcel por un proceso
que inició el abogado Ariel Vicente Córdova, que lo acusó de incumplimiento de
deberes y conducta antieconómica.
“Un indígena nunca se escapa, siempre afronta”, señaló Amapo en
la capital beniana. Tras la conclusión de la audiencia, oficiales de la Policía
le colocaron esposas y sacaron al gobernador escoltado hasta oficinas de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desde donde lo trasladaron al
penal de Mocoví.
El abogado defensor, Juan Carlos Candia, afirmó que apelará la
determinación del juez porque se le está privando el derecho al trabajo.
Anunció que este lunes interpondrá este recurso ante el tribunal de alzada.
Por su parte, Ariel Vicente Córdova, principal acusador adelantó
que pedirá la ampliación de la investigación a directores, secretarios y
asambleístas departamentales por “ser cómplices” de las acciones de Amapo y no
evitar que se cometan los supuestos actos de corrupción por lo que se lo acusa.
Volverá a estar al banquillo de los acusados
Fanor Amapo volverá a estar en el banquillo de los acusados el
lunes (hora por definir) por un proceso que le sigue la Asamblea Legislativa
Departamental de Beni, que lo acusa de malversar 17 millones de bolivianos
destinados a la emergencia sanitaria que vive esta región a cusa del Covid-19.
Esta audiencia fue suspendida el miércoles por no existir un
traductor del idioma cavineño, lengua materna de la autoridad, que complicó al
fiscal de materia, Marcelo Flores, que no disponía en ese momento de un
intérprete.
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