Petrobras habría conocido de la demanda de pago en agosto de 2014 y nunca la puso en conocimiento de YPFB
La empresa Petrobras deberá pagar 61,5 millones de dólares a una familia por el uso de los terrenos donde está ubicado el pozo petrolífero y gasífero de San Alberto, en cumplimiento a un fallo judicial del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos a cargo de Verónica Hesse de los Ríos.
El fallo fue revisado el lunes en una Sala del Tribunal Agroambiental, dentro de un recurso de casación interpuesto por Petrobras, que alega que el demandante no habría demostrado el derecho de posesión de la tierra y la función económica social, refiere el diario Correo del Sur de Sucre.
Mientras, Alberto Baldivieso Vacaflor, demandante beneficiado con la sentencia en contra de Petrobras, en declaraciones a ese medio, rechazó que esa deuda sea asumida por YPFB y que se afecte la explotación hidrocarburífera en la zona.
Además, aclaró que el fallo de la Jueza de Entre Ríos se encuentra apegada a la Ley y a la Constitución Política del Estado y que, al tratarse de una demanda entre particulares, las obligaciones contractuales asumidas por Petrobras Bolivia S.A. no afectan a YPFB ni al Estado.
Baldiviezo también defiende el derecho propietario de María del Rosario Vacaflor Lahore indicando que la propiedad “Campo Grande-San Alberto”, además de una escritura de 1955, cuenta con un título ejecutorial Nº 452649 del 9 de septiembre de 1971, que tiene el consentimiento del INRA en un informe fechado el 28 de enero de 2021.
Según Baldivieso, es “totalmente falso y erróneo” que existan derechos de terceros registrados en libros de las comunidades reconocidos por la entonces Prefectura de Tarija, que, en su criterio, no es competente para avalar el derecho propietario.
Asimismo, califica de “falsa” la versión de Petrobras de que el fallo en cuestión golpeará a las petroleras que operan en San Alberto, y que el monto 61.139.520 de dólares terminaría siendo pagada por YPFB.
El demandante sostiene que la empresa brasileña es el socio operador del bloque San Alberto y, por ello, tiene obligaciones contractuales con YPFB que no cumplió.
También asevera que Petrobras conoció de la demanda de pago por uso de propiedad el 4 de agosto de 2014; pero no puso en conocimiento de YPFB, dentro de un plazo límite, tal como establece una cláusula de “costos recuperables”, y que esto libera a la estatal petrolera de asumir alguna carga y de pagar el monto de la demanda.
De acuerdo al reporte del periódico Correo del Sur, el INRA certificó que los poseedores y propietarios de 544 hectáreas de tierra en litigio eran las comunidades campesinas aledañas al lugar, entre ellas Loma Alta, que posee la mayor superficie, pero los ahora demandantes no aparecen en ese proceso de saneamiento.
“En el lugar del pozo San Alberto no existían poseedores ni trabajos agrícolas de ninguna naturaleza. Se trata de serranías en donde es inviable la agricultura, e incluso la pecuaria”, dijo una fuente a ese medio.
Lo que sí ofrecieron los demandantes es un título de 1971, es decir de hace 50 años, emitido por el exConsejo de Reforma Agraria y que establece que una abuela de ellos, conjuntamente otra persona, eran propietarias de alrededor de 7.000 hectáreas, dentro de las que estarían estas 544 donde se encuentran los pozos de San Alberto.
La empresa Petrobras Bolivia S.A. es la operadora del pozo petrolífero – gasífero San Alberto, ubicado en el municipio Caraparí, región de Gran Chaco de Tarija, y tiene como socios a la Total Bolivia S.A. y Andina S.A. (propiedad de YPFB). Desde este pozo se realizan las mayores exportaciones de gas a Brasil y también al mercado interno.
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