ÓSCAR ORTIZ ANTELO
El festejo del 1 de mayo se caracteriza por marchas, petardos, demandas, discursos encendidos y promesas gubernamentales. Sin embargo, pocos resultados dan todas estas manifestaciones pues cada vez hay menos fuentes de trabajo formales, la precariedad del empleo se profundiza; al mismo tiempo que es cada vez más difícil emprender en Bolivia, con lo que se retroalimenta el circulo vicioso de desempleo, subempleo y falta de oportunidades. Necesitamos una nueva visión para promover empleo de calidad y generar oportunidades.
Según un estudio del PNUD, Bolivia encabeza el ranking sudamericano de empleo en el sector informal, habiendo llegado en 2018 al 73,2%, aunque otras investigaciones estiman que estaría alrededor del 80%. Esto significa que tres de cada cuatro bolivianos se ganan la vida desde la informalidad, sin tener ningún derecho laboral ni acceso a la seguridad social. Para ellos, todas las normas y regulaciones laborales son una quimera que no cambia su vida.
Peor aún, alrededor de tres millones de compatriotas han tenido que emigrar en búsqueda de los empleos y de las oportunidades que no encontraron en su propia patria. Aunque una gran mayoría ha prosperado en otras naciones, muchos trabajan en condiciones lamentables, especialmente en talleres textiles clandestinos en la Argentina y el Brasil. A pesar de sufrir estas condiciones deplorables no retornan al país por la falta de mejores opciones.
Con estos antecedentes debiéramos concluir que algo hemos hecho mal para que mientras más normas salen para proteger a los trabajadores y más derechos supuestamente se les garantizan, menos empleo formal hay en el país, con lo que estas reglas no logran su finalidad.
Sin embargo, al menor intento de generar un debate sobre el marco normativo e institucional del trabajo en Bolivia, inmediatamente se acusa a quien lo promueva de ser enemigo de los trabajadores, de pretender eliminar los derechos laborales o cualquier otra descalificación que termina postergando una discusión necesaria para el bienestar de los mismos trabajadores. Está claro que esta realidad obedece a los intereses de quienes ejercen la representación laboral pero que no se preocupan de crear empleo.
La modernización de la legislación y regulación laboral es una necesidad imperiosa si sinceramente se procura mejorar las condiciones de vida de la población mediante la promoción del empleo formal, garantizando así el acceso a derechos laborales y a la seguridad social.
La Ley General del Trabajo fue promulgada en 1939, hace ya más 80 años. Aunque tiene postulados que siguen siendo válidos, muchas de sus regulaciones ya no lo son porque fue concebida para una realidad totalmente distinta a la que vivimos. En esa época, fue redactada pensando en las condiciones de la industria y de la minería de principios del siglo XX. No contempla todos los cambios que ha traído la urbanización de la sociedad, las formas modernas del comercio y de los servicios, la digitalización, las nuevas formas de trabajo y de consumo. La mayor parte de la población hoy vive en las ciudades y trabaja en el comercio y los servicios, a los cuales se les aplica una ley que no fue concebida para ellos. La industria tampoco es la misma de los años 30.
Paralelamente, tenemos que discutir las condiciones para emprender en Bolivia. Los índices que miden las facilidades para hacer negocios, la libertad económica, la seguridad jurídica y el Estado de derecho, nos colocan entre los últimos lugares a escala internacional. Sin emprendimientos, no se generan fuentes de trabajo ni oportunidades, no se desarrollan nuevos proyectos, productivos y competitivos, que nos lleven al círculo virtuoso de emprendimiento, inversión, empleos y prosperidad.
El debate sobre la modernización de las condiciones legales e institucionales para fomentar el empleo formal y el emprendimiento es trascendental para el progreso económico y social de las personas, las familias y el país en su conjunto.
El autor ha sido presidente del Senado y ministro de Economía.
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