"Exactamente, bueno, en este caso, sí, el Ministerio Público encontró suficientes elementos para llevar un proceso de responsabilidades, pero lo importante es que la decisión de hoy (lunes) que se rescata es que no se puede 'ordinarizar' los actos propiamente que haya podido realizar la expresidenta, no pueden ser considerados como ilícitos", afirmó la defensa legal de áñez, Luis Guillen.
En noviembre de 2021, la Fiscalía imputó a la expresidenta por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones investigados por la designación de la nueva gerente de EBA.
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso que una sala penal de La Paz defina la jurisdicción competente para juzgar a la exmandataria, luego que este asiento judicial interpuso una acción de inconstitucionalidad de un artículo de la ley 044 de juzgamiento a altas autoridades.
La sala penal observó que la normativa no diferenciaba si correspondía un juicio de responsabilidades "sin diferenciar entre mandatarios que hayan sido elegidos democráticamente a través de sufragio universal de los que no siguieron el procedimiento establecido en el texto constitucional", según el texto del recurso legal que ofició.
"En el caso de seguir como juicio de responsabilidades, el procedimiento sí está establecido que el juicio de responsabilidades debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, incluso, antes de eso debe haber una proposición acusatoria", dijo Guillén.
Según la ley 044 de juzgamiento a altas autoridades, el proceso contra la expresidenta deberá ser aprobado para que luego la Cámara de Diputados oficie de Ministerio Publico y tras una investigación, emita una proposición acusatoria. Después, el Senado será el tribunal competente que juzgará y emitirá sentencia en contra de la exautoridad.
La hija de Áñez, Carolina Ribera, dijo a través de su Twitter que se rectificó un paso en tanta injustica. "Nunca pedimos impunidad sino que se restituyan los derechos robados a mi madre: un juicio justo, presunción de inocencia, defensa en libertad, respeto al debido proceso y juicios de responsabilidades cómo le corresponde como expresidenta".
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