Carlos Lema, exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno
Regional, pidió que la dirigente se retracte de sus declaraciones sobre el
hospital Fray Quebracho, caso contrario, anunció que podría iniciar acciones
legales ante acusaciones de supuestos malos manejos que hubo en la gestión de
José Quecaña.
La anterior semana, Reina Plata, presidenta del Control
Social en Salud, mediante conferencia de prensa dijo que, tomó conocimiento por
parte del personal de salud que trabaja en el hospital Covid, Fray Quebracho,
de que dicho nosocomio estaría siendo desmantelado luego del cambio de
autoridades en el Gobierno Regional, cuestionando a la anterior administración
del Gobierno Regional, que disponía más de 42 millones de bolivianos para
implementar dicho hospital, donde se debía comprar todo el equipamiento para
atención de pacientes con Covid, pero que sorpresivamente todo el equipamiento
habría sido prestado por otras instituciones, lo cual hace pensar que pudo
existir corrupción en el manejo de recursos.
Ante estas declaraciones, el exsecretario Carlos Lema, en
este medio escrito, dijo que dichas aseveraciones son falsas y por lo tanto, la
dirigente debe retractarse, caso contrario iniciará acciones legales, además
que de esos 42 millones de bolivianos que se presupuestó, sólo se gastó la
mitad, porque no habían los recursos en efectivo, lo cual demostrarán con
documentos en mano.
"Hemos pedido mediante un memorial al Gobierno Regional
que nos haga conocer y lo mismo solicitamos a la Asamblea Regional, para ver
cuánto de recursos se gastó en el Fray Quebracho y al no haber respuestas por
parte de la anterior gestión, ahora hemos pedido una auditoría a la nueva
autoridad del Gobierno Regional, porque no queremos que se tape nada",
enfatizó la dirigente.
Tácitamente dijo que, no se retractará porque es evidente
que hubo un mal manejo y que además Carlos Lema, se ubique para hablar, porque
a él nunca lo nombró y que la responsabilidad de los manejos del Gobierno
Regional en la anterior gestión estaba a la cabeza de José Quecaña y él tendrá
que responder en base a lo que dice la Constitución Política del Estado, donde
el control social tiene facultad para fiscalizar.
Cuestionó que no se haya completado la instalación del
generador de oxígeno que supuestamente se estaba comprando en la anterior
gestión; asimismo que los equipos de laboratorio sólo hayan sido un préstamo,
el cual se lo llevaron los dueños y otras cosas más que hubiera prestado el
Instituto Tecnológico de Yacuiba.
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