ERBOL
El juez quinto anticorrupción de La Paz determinó este
miércoles detención preventiva del exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink,
en la cárcel de San Pedro, quien está acusado por el caso del financiamiento de
327 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien la Fiscalía había pedido seis meses de detención
preventiva, el juez determinó que la medida se cumpla por cuatro meses mientras
se desarrolla la investigación. Las partes acusadoras apelaron la resolución.
Schlink fue viceministro durante el gobierno transitorio.
Fue aprehendido el lunes, luego de que el fin de semana se le impidió viajar al
exterior cuando planeaba realizar su Luna de Miel con su esposa.
La Fiscalía acusó al exviceministro por los delitos de
resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica,
contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
En este caso se investiga la contratación del préstamo de
327 millones de dólares que se hizo en el gobierno transitorio del FMI. En el
periodo del MAS, el Banco Central determinó devolver el dinero al observar
irregularidades en su trámite como la falta de una ley que lo avale,
generándose un daño económico por los intereses contraídos.
Schlink, en su defensa durante la audiencia, sostuvo que no
ha firmado ningún contrato o decreto para conseguir el financiamiento. También
rechazó que se lo acuse de incumplimiento de deberes, bajo el argumento de que
el programa de endeudamiento no se elabora en el periodo en que estuvo en el
cargo.
Entre los indicios de la Fiscalía se encontraban notas en
que el Banco Central notificaba a Schlink de pagos que se hacían para cumplir
las obligaciones contraídas con el FMI, sin embargo, el exviceministro señaló
que esas cartas implican que le comunicaron al respecto, pero no así que él
haya pagado.
Negó también que el financiamiento condicionara la política
monetaria del país, y que como prueba de eso es que el tipo de cambio se
mantuvo estable.
El exviceministro dijo que el daño al Estado fue cometido
por el gobierno actual, porque determinó devolver el dinero cuando el país
necesitaba comprar vacunas y asistencia sanitaria.
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