“En el año 2009, el Fondo tomó esa decisión de capitalizar
los Derechos Especiales de Giro que tenían los países miembros del FMI, por lo
tanto, es una decisión soberana y propia del FMI y aprobada por los
gobernadores. Han incrementado los activos de las reservas internacionales y
por esa razón al no ser un préstamo sino una capitalización de un activo, no
tenía por qué pasar por la Asamblea”, indicó Montenegro en conferencia de
prensa.
En contraste, “un préstamo sí lo tienen que hacer porque
requiere que los asambleístas conozcan las condiciones del financiamiento”,
manifestó el titular de la cartera de Estado.
En 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, la ALP, de
mayoría de la banca del MAS, rechazó el préstamo que Bolivia solicitó al FMI.
Los asambleístas señalaron que el acuerdo con el Fondo condicionaba a Bolivia.
En este caso se investiga el crédito de 327 millones de
dólares que gestionó el gobierno transitorio del FMI. El dinero fue
desembolsado, a pesar de que la transacción no estaba aprobada por el
Legislativo. El Banco Central, ya en el periodo del gobierno del MAS, determinó
devolver esos recursos, aduciendo que hubo irregularidades, aunque eso implicó
que el Estado boliviano pague intereses al organismo.
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