AFP
Organizaciones de derechos humanos denunciaron este
miércoles "graves violaciones" como torturas y cientos de
desapariciones entre los manifestantes que desde hace más de dos meses
protestan contra el gobierno de Colombia y pidieron a la ONU condenar la
"brutal represión" de la fuerza pública.
Desde el "28 de abril y hasta el 28 de junio se han
reportado 83 homicidios", 327 personas desaparecidas y miles de
"detenciones arbitrarias", señaló la red, conformada por
organizaciones colombianas con el respaldo de otras 300 de todo el mundo, en un
comunicado.
Las denuncias hacen parte de un informe que entregarán a la
ONU en Ginebra, donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos entre el 21 de
junio y el 13 de julio.
De acuerdo con el texto, 27 de los fallecidos fueron
"víctimas" del escuadrón antidisturbios. Otras muertes fueron
provocadas por "civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con
la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado".
El gobierno asegura que grupos dedicados al narcotráfico y
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida del país,
se camuflan entre los manifestantes para generar caos. Dos uniformados han muerto
durante las movilizaciones y otros dos recibieron disparos, según la policía y
el Ministerio de Defensa.
Desde el pasado 28 de abril personas inconformes con el
gobierno del conservador Iván Duque se toman las calles con protestas
mayoritariamente pacíficas que, al caer la noche, conducen a choques con la
policía en las principales ciudades.
Más de 60 personas han muerto durante la crisis, según la
Defensoría del Pueblo (ombudsman) y autoridades civiles. Estados Unidos Unidos
y la Unión Europea han condenado abusos de la fuerza pública en medio de las
confrontaciones.
"Un hecho particularmente preocupante es la práctica de
la desaparición forzada (...) A la fecha, 327 personas continúan
desaparecidas", agrega la denuncia.
Además, unos "3.200 manifestantes han sido detenidos
arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha
expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Los abusos incluyen "golpizas, puñetazos con objetos
contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez
forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación" y han sido
dirigidos "especialmente" contra grupos indígenas, miembros de la
comunidad LGTBIQ, defensores de derechos humanos, personal médico y periodistas,
agrega el informe.
Aunque el frente más visible de las movilizaciones suspendió
las convocatorias hasta el 20 de julio, parte de los manifestantes siguen
saliendo a las calles.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la
Presidencia adelanta 127 investigaciones "por presuntas faltas
disciplinarias" de la policía.
El martes, tres policías fueron suspendidos de sus cargos
por agredir a dos periodistas y un joven en una protesta en Bogotá.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), firmante del
documento, acusó "crueldad" y "uso sistemático de armas de
fuego" por parte de la policía, en una rueda de prensa virtual concedida
por su subdirectora, Ana María Rodríguez y otros miembros de la red.
La ONG Human Rights Watch, por su parte, acusa a la fuerza
pública de estar implicada en al menos 20 homicidios, y asegura que 16 de las
víctimas recibieron tiros disparados por agentes con intención de
"matar".
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