El encarcelamiento de la expresidenta de la república, Jeanine Áñez,
ocasionó, en el ámbito internacional, pronunciamientos de las Naciones Unidas,
de la Comunidad Europea, de la Organización de los Estados Americanos y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sugerencias en sentido de que
el Gobierno actúe con sujeción al principio de legalidad y proceda a una revisión
del sistema de administración de justicia.
La última de esas recomendaciones coincide con un viejo anhelo nacional,
pues siempre fue ánimo de los gobernantes tener sometido al Poder Judicial.
Anteriormente, no se llegó al grado extremo de abyección propio del momento
actual.
Desde el año 1991 no me abandona la obsesión de que es necesario
proceder a una reforma de la Constitución Política del Estado, para convertir
en realidad la norma existente sobre la independencia del Poder Judicial.
Los dos primeros artículos que escribí al respecto, cuando ejercía en
esta ciudad la función de Juez de Partido en lo Penal, se publicaron en 1991 y
1998 en la Revista Cuarto Intermedio. Otros tres, en la
revista Diálogo Jurídico de la Corte Suprema de Justicia
durante los años 2005, 2006 y 2008, cuando ejercí la función de ministro de ese
tribunal.
Esa obsesión me persigue con carácter de preocupación continua, y, casi
sin darme cuenta, es el tema que más trato en esta mi columna dominical,
iniciada el año 2015.
El hecho de que el sometimiento de la administración de justicia al
poder político, agudizado en grado extremo a partir del año 2009, constituya
actualmente motivo de honda preocupación de naciones de dos continentes, es
señal de que el mal que nos aqueja es de conocimiento universal.
Las normas propias del derecho constitucional que nos rigen desde el año
2009, declaran la independencia de los órganos del Estado, exponen el principio
de presunción de inocencia y las reglas del debido proceso. Los políticos que promulgaron
esas normas, las violaron en sus varias gestiones de gobierno. Hoy rechazan con
indignación las amigables sugerencias procedentes de otras naciones.
Desde tiempo inmemorial se considera que un país puede recuperarse de
guerras internacionales, de cataclismos de diversa índole que se presentan en
el planeta en que habitamos, de epidemias devastadoras y de graves crisis de
orden económico, pero que es difícil la supervivencia sin justicia. Debemos
luchar pacientemente en la vía legal para contar con un verdadero régimen de
administración de justicia.
El autor es abogado.
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