Apenas se han promulgado una reformulación presupuestaria, una modificación de la Ley del Órgano Ejecutivo y la Ley Financial, pero los asambleístas aseguran que sí hay trabajo en las comisiones
La Asamblea Legislativa Departamental está a punto de cumplir seis meses de gestión después de que los asambleístas asumieran el cargo el 3 de mayo de 2021. Desde entonces se han aprobado solo tres leyes en el pleno, las tres que además corresponden a asuntos ordinarios de la gestión, como modificaciones presupuestarias, el presupuesto 2022 o la modificación del órgano ejecutivo. Los asambleístas señalan que a pesar de ello, sí se trabaja en comisiones sobre diferentes temas, y que las prioridades se ordenan en función de las disponibilidades presupuestarias.
En concreto son tres leyes las que ha podido firmar el Gobernador Óscar Montes en estos casi seis meses.
Gestión El 3 de mayo asumió el guaraní Nicolás Montero como presidente de la Asamblea Legislativa
La primera se promulgó el 21 de julio y es la Ley Departamental Número 432: Ley de Modificación a la Ley Departamental “Ley de Organización del Ejecutivo Departamental”, y que básicamente adapta la Ley a la voluntad del nuevo ejecutivo, reduciendo las asesorías, las secretarías de administración (Gestión Institucional, Planificación y Economía) y las secretarías sectoriales (Desarrollo Productivo, Desarrollo Humano y Obras Públicas) además de dividir en tres delegaciones la secretaría de Pueblos Indígenas, de acuerdo a los compromisos políticos adquiridos.
Esta modificación también da las funciones a la Vicegobernación, aunque el detalle debe ser definido por decreto reglamentario hasta el 21 de octubre, algo que corresponde al ejecutivo.
La segunda Ley se promulgó el 3 de septiembre (Ley Departamental N° 432 Ley de Modificación a la Ley Departamental “Ley de Organización del Ejecutivo Departamental”) y es básicamente una modificación presupuestaria ordinaria a esas alturas del año para concretar las partidas presupuestarias que han sido más utilizadas en el marco del trabajo diario.
La tercera se promulgó el 15 de septiembre (Ley Departamental N° 434 Ley Departamental Presupuesto Plurianual (PP), Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional 2022 del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija), y es básicamente la propuesta de Ley Financial que se someterá a la voluntad del Ministerio de Planificación antes de su consolidación en el presupuesto anual.
El presidente de la ALDT, Nicolás Montero
Esta Ley está publicada en la Gaceta, pero no cuenta con los anexos necesarios, imprescindibles para el correcto control social, lo cual ha generado ya protestas de diferentes actores, que exigen más transparencia.
Otros debates
La Asamblea no ha tenido una notable producción legislativa en este 2021, en parte por la adecuación a los pedidos del ejecutivo, que más bien solicitó revisar un centenar de leyes aprobadas durante los diez años de vida autonómica para bien suspenderlas o abrogarlas definitivamente.,
Según el ejecutivo, se trataba de leyes que asignan recursos a proyectos concretos para los cuales no hay disponibilidad presupuestaria en este 2021 debido a la situación de crisis que se vive. En general se trataba de proyectos dedicados a fiestas patronales, pero también proyectos como la canasta alimentaria. A pesar de que el bloque del Gobernador logró articular una mayoría suficiente en la Asamblea para lograr el control de la Directiva, hasta el momento no se ha podido avanzar en ninguna abrogación de leyes y más al contrario, El País
Apenas se han promulgado una reformulación presupuestaria, una modificación de la Ley del Órgano Ejecutivo y la Ley Financial, pero los asambleístas aseguran que sí hay trabajo en las comisiones
La Asamblea Legislativa Departamental está a punto de cumplir seis meses de gestión después de que los asambleístas asumieran el cargo el 3 de mayo de 2021. Desde entonces se han aprobado solo tres leyes en el pleno, las tres que además corresponden a asuntos ordinarios de la gestión, como modificaciones presupuestarias, el presupuesto 2022 o la modificación del órgano ejecutivo. Los asambleístas señalan que a pesar de ello, sí se trabaja en comisiones sobre diferentes temas, y que las prioridades se ordenan en función de las disponibilidades presupuestarias.
En concreto son tres leyes las que ha podido firmar el Gobernador Óscar Montes en estos casi seis meses.
Gestión El 3 de mayo asumió el guaraní Nicolás Montero como presidente de la Asamblea Legislativa
La primera se promulgó el 21 de julio y es la Ley Departamental Número 432: Ley de Modificación a la Ley Departamental “Ley de Organización del Ejecutivo Departamental”, y que básicamente adapta la Ley a la voluntad del nuevo ejecutivo, reduciendo las asesorías, las secretarías de administración (Gestión Institucional, Planificación y Economía) y las secretarías sectoriales (Desarrollo Productivo, Desarrollo Humano y Obras Públicas) además de dividir en tres delegaciones la secretaría de Pueblos Indígenas, de acuerdo a los compromisos políticos adquiridos.
Esta modificación también da las funciones a la Vicegobernación, aunque el detalle debe ser definido por decreto reglamentario hasta el 21 de octubre, algo que corresponde al ejecutivo.
La segunda Ley se promulgó el 3 de septiembre (Ley Departamental N° 432 Ley de Modificación a la Ley Departamental “Ley de Organización del Ejecutivo Departamental”) y es básicamente una modificación presupuestaria ordinaria a esas alturas del año para concretar las partidas presupuestarias que han sido más utilizadas en el marco del trabajo diario.
La tercera se promulgó el 15 de septiembre (Ley Departamental N° 434 Ley Departamental Presupuesto Plurianual (PP), Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional 2022 del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija), y es básicamente la propuesta de Ley Financial que se someterá a la voluntad del Ministerio de Planificación antes de su consolidación en el presupuesto anual.
El presidente de la ALDT, Nicolás Montero
Esta Ley está publicada en la Gaceta, pero no cuenta con los anexos necesarios, imprescindibles para el correcto control social, lo cual ha generado ya protestas de diferentes actores, que exigen más transparencia.
Otros debates
La Asamblea no ha tenido una notable producción legislativa en este 2021, en parte por la adecuación a los pedidos del ejecutivo, que más bien solicitó revisar un centenar de leyes aprobadas durante los diez años de vida autonómica para bien suspenderlas o abrogarlas definitivamente.,
Según el ejecutivo, se trataba de leyes que asignan recursos a proyectos concretos para los cuales no hay disponibilidad presupuestaria en este 2021 debido a la situación de crisis que se vive. En general se trataba de proyectos dedicados a fiestas patronales, pero también proyectos como la canasta alimentaria. A pesar de que el bloque del Gobernador logró articular una mayoría suficiente en la Asamblea para lograr el control de la Directiva, hasta el momento no se ha podido avanzar en ninguna abrogación de leyes y más al contrario, los sectores se han puesto alerta ante posibles recortes.
El debate del 45%, camino a la comisión
Después de unas semanas intensas, el debate del 45 por ciento llega a la Asamblea. La pretensión de la Directiva es crear una Comisión que debata e intente compatibilizar los tres proyectos de Ley presentados al respecto de la distribución del IDH, aunque los tres son antagónicos. Uno plantea dar el 45% íntegro de IDH al Chaco, el otro distribuir por provincias productoras y el tercero, descontar primero lo impuesto por el Gobierno y después distribuir en función de criterios objetivos. No hay plazo.
los sectores se han puesto alerta ante posibles recortes.
El debate del 45%, camino a la comisión
Después de unas semanas intensas, el debate del 45 por ciento llega a la Asamblea. La pretensión de la Directiva es crear una Comisión que debata e intente compatibilizar los tres proyectos de Ley presentados al respecto de la distribución del IDH, aunque los tres son antagónicos. Uno plantea dar el 45% íntegro de IDH al Chaco, el otro distribuir por provincias productoras y el tercero, descontar primero lo impuesto por el Gobierno y después distribuir en función de criterios objetivos. No hay plazo.
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