Las organizaciones sociales del Gran Chaco, reunidas en
Yacuiba, luego de un debate amplio y en base al informe presentado por el
ejecutivo regional, José Luís Ábrego, decidieron de forma unánime dar un plazo
de 72 horas para que la Asamblea Departamental archive los dos proyectos de Ley
de redistribución del 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La reunión fue dirigida por Leopoldo López, secretario
ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Gran
Chaco, quien, en representación de su sector, afirmó que no pueden quedarse con
los brazos cruzados ante el atropello del gobernador.
Las organizaciones consideran que estos proyectos son
atentatorios a los intereses del Gran Chaco, debido a que vulneran la normativa
legal vigente que define la pertenencia de estos recursos a la región autónoma;
además de estar implícita en ellos la posibilidad de dejar sin financiamiento a
los programas de salud, educación, seguridad ciudadana y otros.
“Todo lo que tiene Tarija le debe al Gran Chaco”, fue la
frase de la autoridad cuando defendió la pertenencia del 45% del IDH a la
primera región autónoma del país con datos históricos y un legajo de leyes y
normativas. Además, presentó un resumen detallado de los registros del sistema
sobre las transferencias realizadas desde el 2006 hasta el 2021.
El resumen de la autoridad dio como resultado a una deuda
histórica de superior a los 116 millones de bolivianos que no habrían sido
transferidos por el Gobierno Departamental a la región. Esto significa que no
se respetó la fórmula del cálculo que rige según la normativa, tomando en
cuenta que muy pocos años fueron transferidos el 45% del total del IDH.
Frente a esta situación, las organizaciones dieron un plazo
para que las entidades territoriales autónomas del departamento y la región se
reúnan y concilien las cuentas de las transferencias y definan plazos para la
cancelación de los saldos adeudados por Tarija.
Participaron en la reunión la ejecutiva de desarrollo de
Caraparí, Karen Sánchez; la presidenta de la Asamblea Regional, Dilma Ordoñez;
el alcalde municipal de Yacuiba, Carlos Brú Cavero; dirigentes de
organizaciones sociales y representantes de Comités Cívico.
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