Pablo Mendieta
La discusión pública ha girado en torno a la normativa promulgada y proyectada para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas, un objetivo compartido en la mayor parte del mundo en la lucha contra el lavado de dinero, pero cuya implementación desata dudas e inquietud por la discrecionalidad implícita.
Reflexionemos sobre lo que está detrás de la ilegalidad y las actividades ilícitas en el país. Cicerón decía que “todo lo que se discute se reduce a tres cuestiones: si existe la cosa, qué es la cosa y cómo es la cosa”.
¿Existen las ganancias ilícitas? Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Ilícito es aquello “no permitido legal o moralmente”. Por tanto, las ganancias que no cumplen la ley son ilícitas y a esas apunta esta norma.
Entrando en la parte conjetural, el hecho es que tenemos un océano de ilegalidad en el país. La mitad de los bienes y servicios que se producen en el país no siguen el canal legal según una estimación del FMI. Por otra parte, más de cuatro de cada cinco trabajadores lo hacen en la ilegalidad, puesto que no cuentan con seguro médico y de jubilación. Y, bajo ciertas condiciones, tres de cada cuatro empresas urbanas en el país son ilegales: no están inscritas en impuestos y en registro de comercio.
Entonces la discusión factual nos revela que lo ilegítimo, ilegal e ilícito existe en el país y además está muy extendido, tanto que en realidad la legalidad es la excepción y no la norma.
Zanjado el punto conjetural, ahora pasamos a la cuestión nominal o de palabras: ¿cómo le llamamos a este fenómeno? Si bien ilegal o ilícita es lo que corresponde, condena a cientos de miles de emprendedores y empleados a la ilegalidad creando una Bolivia subterránea.
Un término que parece más apropiado para la mayor parte de las empresas, trabajadores y productos es la informalidad porque indica que no está dentro de la ley, pero tampoco explícitamente contra la ley. Se exceptúan de esta denominación aquellas que están ligadas al narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, de la cual no tenemos una medición adecuada.
Un amigo y colega prefiere llamarlo economía popular, una denominación que parece adecuada dada su amplia extensión en la economía nacional.
Otros prefieren llamarla solidaria y comunitaria. Sin embargo, no pueden entrar en esas categorías porque, paradójicamente, operan en medio de la competencia más feroz en el mercado sin derechos laborales mínimos, haciendo recuerdo a la etapa del capitalismo de la Inglaterra victoriana con jornadas extenuantes de trabajo.
Finalmente tenemos la etapa valorativa o de evaluación que se resume en la pregunta: ¿qué tan buena o mala es la informalidad?
Como todo economista, debo señalar que “todo depende”. Es mala porque los trabajadores no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad social (seguro médico y aporte a la jubilación) y menos de seguridad industrial. También es mala para las empresas porque no permite acceder a más financiamiento y no tienen seguridad jurídica. Y también es pésima para los consumidores porque no existe la más mínima garantía de salubridad e inocuidad de los bienes y servicios.
Además, están los prejuicios en términos de impuestos para proveer bienes y servicios sociales, las divisas para proveer estabilidad externa, entre los principales.
Sin embargo, su lado benéfico es que brinda empleo, oportunidades y productos que, de otra forma, no habrían existido, en este caso para la mayoría de la población.
¿Por qué Bolivia es tan ilícita, ilegal e ilegítima?
La explicación es compleja, aunque existen pistas al respecto. Tenemos regulaciones impositivas, laborales y fiscalizadoras que son casi imposibles de cumplir por la mayor parte de la población. Además, que no reciben contraprestación de bienes y servicios sociales de calidad.
Pese a que tenemos normas contra la discriminación, existen dos Bolivias abigarradas: una legal y pequeña; y otra ilegal y extendida.
La vía: sincerar las reglas y mejorar la institucionalidad haciendo más atractiva la formalidad.
Pablo Mendieta es Economista.
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