El 3 de junio el exasambleísta departamental Abel Guzmán denunció al exejecutivo departamental por un presunto sobreprecio de 700.000 bolivianos en la adquisición
El exasambleísta departamental, Abel Guzmán, confirmó que el
martes fue notificado con la imputación formal por parte del Ministerio Público
en contra del exgobernador, Adrián Oliva Alcázar, señalando que en la primera
etapa de la investigación en su contra se habría evidenciado indicios de
irregularidades en el proceso de adquisición de lavadoras para el Hospital
Regional San Juan de Dios (HRSJDD) durante la crisis sanitaria.
“He sido notificado con esa imputación por ser denunciante.
El 2020, cuando estaba como asambleísta, he sentado una denuncia contra el
gobernador y los otros responsables por incumplimiento de deberes, conducta
antieconómica, uso indebido de influencias y otros delitos”, señaló el
exlegislador.
Según la denuncia, habría un sobreprecio de 700.000
bolivianos en la compra de dos lavadoras y dos secadoras, cuando había ofertas
de menor precio por parte otras empresas.
Guzmán dijo que en ese momento la Gobernación adquirió un
total de 35 equipos médicos para el HRSJDD, pero que él observó el sobreprecio
solamente en estas unidades. Sin embargo, pidió formalmente a la Fiscalía
Departamental que investigue de oficio el resto de las compras.
“Recordemos que en ese momento había una disposición
ministerial que indicaba que no se tenía que hacer procesos de licitación para
agilizar las compras. El gobernador ha hecho todo violentamente y para el
proceso de compra se ha dispuesto 20 millones de bolivianos”, agregó.
Al mismo tiempo, cuestionó que se haya presentado la
denuncia formal en junio del 2020 y recién se cuente con una imputación, pasado
más de un año.
“Recién hay una imputación, realmente hay un retardo
terrible de la Justicia. Entiendo que han cambiado de fiscales, pero finalmente
hay un Ministerio Público que tiene como responsabilidad velar por la agilidad
e inmediatez de los procesos. Entonces en dos años acusarán, en diez se irá a
juicio. Ellos están en obligación de investigar a la empresa proveedora y los
responsables de la compra”, dijo.
Antecedentes
Este caso data del 3 de junio, cuando el asambleísta
departamental, Abel Guzmán, formalizó una denuncia ante la Fiscalía en contra
de Oliva por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Esto en base al presunto sobreprecio que ascendería a 700.000 bolivianos en la
compra de dos lavadoras y dos secadoras.
De acuerdo a la denuncia del legislador, la Gobernación
habría optado por una oferta cuya cotización ascendía a 1.150.000 bolivianos,
cuando había una oferta de 880.000 bolivianos presentada por la empresa
Eximbol.
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