El País
Estiman cobros de 150.000 pesos por camión que ingresaba a
Bolivia sin que las autoridades argentinas ni la Aduana Nacional boliviana
hiciera nada al respecto. Ni Karina Serrudo, presidenta nacional de la Aduana,
ni María Lourdes Aldana, de la Regional Cercado, señalaron nada al respecto
La investigación sobre la fortuna del intendente de Salvador
Mazza, Rúben Méndez Salazar, acusado de enriquecimiento ílicito, ha derivado en
una constatación: se creó una "Aduana paralela" para ingresar a
Bolivia a la vista de todo el mundo y sin que nadie hiciera nada por evitarlo a
ningún lado de la frontera.
Así lo señala una investigación del diario El Tribuno en su
artículo "El contrabando masivo, un negocio para pocos en la frontera
norte", que refleja cómo diariamente cientos de de argentinos -incluidos
mujeres y niños- llevan la mercancía ilegal hacia Bolivia. Las autoridades de
la Aduana Nacional de Bolivia aún no se han pronunciado.
Mientras tanto, la mercadería argentina de contrabando sigue
penetrando libre por las fronteras tarijeñas y del resto del país, llegando a
copar los mercados locales.
"Desde hace unos años, cuando la depreciación del peso
llevó a los habitantes de esa localidad a dejar de comprar sus productos en
Bolivia para comenzar a vender a través de la extensa frontera seca, se
consolidó un negocio millonario: la exportación ilegal de commodities y
mercancías, evadiendo todas las tasas nacionales y las retenciones en el caso
de los granos, legumbres y productos industrializados de los mismos"
empieza diciendo el reportaje de El Tribuno de Salta.
Esta actividad se visibilizó en la pandemia, durante la cual
se afianzaron los mecanismos para eludir los controles del Estado, creando en
el municipio de frontera una aduana paralela legal para aquellos productos que
llegaban con los papeles en orden, en tanto otra funciona para aquellos envíos
flojos de papeles, que encubren una venta colosal dentro de los límites del
país, pero que en realidad en pocas horas se transforma en una seudoexportación
de bienes, pagados en dólares desde la República Plurinacional de Bolivia.
El Tribuno dialogó con diversos vecinos de la norteña
localidad, con personal de seguridad, incluso federal, con referentes políticos
del municipio y con los vecinos comunes que deambulan en las pobre calles de
Salvador Mazza, mercando todo tipo de productos, ya que la pobreza y el trabajo
informal en ese lugar de la Argentina tiene números que asustan.
"Millones de pesos pasan por nuestras narices, a toda
hora, nada queda en el pueblo, es solo para unos cuantos", dijo una
vendedora de un puesto de ropa.
Y su apreciación no es antojadiza, cientos de camiones hacen
fila para ingresar a la localidad a diario, desde el sur. Mientras otros tantos
lo hacen desde el norte, es decir, desde la república vecina. En ambos casos
los transportistas deben oblar una especie de tasa municipal, al estilo aduana,
cuyo destino debiera ser el erario municipal.
La cifra que se recauda a diario es un enigma. Pues los
papeles que se ingresan a la contabilidad municipal no se condicen con el
volumen de ingreso de transportes.
Salvador Mazza no tiene grandes industrias; ni medianas
siquiera. Carece de universidades y tiene solo un terciario que dicta -según
vecinos- carreras sin salida laboral.
El mayor movimiento económico se encuentra en la extensa
línea fronteriza y sus intrincados asentamientos humanos y fincas privadas,
todas ellas con acceso a pasos no habilitados. Casi todas estas propiedades
facilitan el tráfico de mercancías y personas a toda hora y, según el lugar, el
volumen de las transferencias de mercancías. Decenas de camiones a diario
convierten una carga de cereal u oleaginosa a granel en casi mil bolsas de
arpillera, las que son llevadas en vehículos más chicos hasta los pasos
ilegales, así también bebidas y comestibles en general, incluso maquinarias
agrícolas. Antes de cruzar, obvio, otra aduana: la del dueño de finca.
Todo es oro, pero para pocos.
El control, también
El contrabando es masivo y la maniobra quedó al descubierto
en los primeros meses del 2021. Nuestro matutino se hizo eco del secuestro de
decenas de camiones cargados de cereales que tenían como destino fincas
improductivas de Salvador Mazza y el Chaco salteño, lindantes con la vecina
Bolivia.
Es así que en junio de 2021 se detuvo a un comandante de
Gendarmería de Aguaray y a otras personas. Se indicó desde la Justicia que los
dueños de la carga a través de los camioneros pagaban sumas de entre 150 y 200
mil pesos por camión, y así avanzaban hacia la frontera con la cobertura
federal. Se liberaba la zona para el paso ilegal de los transportistas. El
engranaje estaba completo.
Un Intendente multimillonario
La justicia de Salta en conjunto con la policía realizaron
allanamientos simultáneos en todas las propiedades a nombre del intendente de
Salvador Mazza, Rubén Méndez, luego de una denuncia web. El resultado del
trabajo y los elementos encontrados fue estratosférico: millones repartidos en
distintas monedas, armamento, documentación valiosa y autos importados de
primera línea.
Dólares, euros, autos de lujo, armas, documentación y 18
propiedades. Ese fue el resultado del operativo que llevó adelante el Cuerpo de
Investigaciones Fiscales (CIF) en conjunto con las policías de la Provincia, de
Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Federal al intendente Méndez que comanda
los destinos de la localidad salteña de Salvador Mazza. Los allanamientos se
accionaron en todos los lugares que aparecían a nombre del mandatario donde estaban
incluidos tanto familiares como allegados.
En las imágenes que trascendieron se pueden ver las cajas de
seguridad que el intendente tenía en sus domicilios repletos de dinero. De
acuerdo a la información que verificó el medio local El Tribuno, el total del
efectivo secuestrado llegaba a 196.032.756 de pesos que se dividían en 854.178
dólares, 9.070 euros y 34.342.350 pesos en moneda local. "Nunca, pero
nunca en mi vida, vi tanta guita junta", recogió el medio sobre las
declaraciones que se dieron dentro de uno de los domicilios de Méndez.
Fue la Unidad Fiscal encabezada por la fiscal de Delitos
Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el fiscal penal de Tartagal,
Pablo Cabot, los que emitieron la orden de allanamiento que fue autorizada por el
juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo. Desde esos despachos salió la
directiva de registrar los inmuebles a nombre del intendente para verificar la
denuncia que se había realizado en la web.
Los allanamientos se llevaron adelante de forma simultánea y
se encontró documentación que comprometería al mandatario. También se realizó
un rastrillaje en la municipalidad del distrito y en domicilios de algunos
funcionarios que formaban parte de su gabinete.
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