Pese al rechazo de diputados y senadores de la oposición que
cuestionaban el contenido de la nueva norma, el oficialista MAS utilizó su
mayoría absoluta para aprobar la “suficiente discusión”, para evitar más
discursos de asambleístas, y aprobar la normativa en cerca de una hora. El
Decreto Presidencial 4571 fue remitido al Ejecutivo para su respectiva
promulgación.
El decreto 4461 fue observado por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagó los hechos
violentos registrados en 2019, porque consideró que “la amnistía, aunque haya
sido concebida para atender a un legítimo reclamo de personas víctimas de
persecución política, puede terminar por producir el encubrimiento de graves
hechos, impedir la justicia y dificultar la reparación de daños”. En este caso,
el GIEI advirtió que la amnistía o el indulto puede interferir de manera
negativa en la obtención de la verdad y la justicia, además que puede
“reforzar” la precepción de injerencia política del Gobierno en la
administración de justicia.
La norma fue cuestionada por beneficiar a militantes del MAS
que presuntamente estuvieron involucradas en los hechos de violencia en el
periodo poselectoral de 2019.
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