El País
Las autoridades presentarán acciones legales para exigir la
devolución de esos fondos que requiere la administración para pagar otros
programas.
La Gobernación del departamento de Tarija alista acciones
legales y otras medidas de presión contra representantes de la justicia, por el
retraso en la devolución de 122 millones de bolivianos que fueron retenidos
debido a la demanda interpuesta por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE),
que exigía el pago de una deuda por la construcción del proyecto de conexión de
Tarija al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El gobernador de Tarija, Oscar Montes, reiteró que hace más
de 30 días que la administración central canceló esa deuda, con un préstamo de
la bancada privada, a ENDE, sin embargo, hasta la fecha no se han devuelto esos
recursos a las arcas de la administración central, pese a existir una
resolución de la justicia que autoriza esa reposición de fondos.
Ante esa situación, la autoridad advirtió que, a través de
su equipo jurídico, tomará acciones legales y otras medidas de presión, a
partir de este miércoles 19 de octubre, para recuperar esos fondos que requiere
la Gobernación de Tarija, para cubrir una serie de compromisos económicos en la
región.
En septiembre, el Gobierno departamental pagó la deuda que
dejaron las exautoridades a ENDE por el proyecto de conexión de Tarija al SIN,
con recursos adquiridos en calidad de préstamo de 122 millones de bolivianos de
la banca privada.
Desde la Gobernación calificaron la medida como un acto
político para someter al departamento a una nueva asfixia económica y afectar
de forma directa a proyectos sociales como: la canasta alimentaria, el Prosol,
recursos para municipios para obras concurrentes y proyectos de agua, entre
otros.
Auditoría
El ejecutivo departamental analiza el contrato entre el
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) firmado por el exgobernador
interino, Lino Condori, en la gestión 2014 con ENDE, para la construcción del
proyecto de conexión de Tarija al SIN, con la finalidad de iniciar auditorías
por presuntas irregularidades en su ejecución.
Las autoridades departamentales aseguran que se identificó
una serie de irregularidades en la firma de este proyecto en la gestión del
exgobernador, Lino Condori, pero también existen irregularidades en la defensa
jurídica de las deudas por parte de exfuncionarios en la gestión del
exgobernador, Adrián Oliva.
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