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Rodríguez Veltzé califica como abuso la aplicación de la detención preventiva en la justicia

El Deber

El viernes el Gobierno anunció la “institucionalización” de casi 500 cargos de jueces de materia

El expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, calificó como un abuso de la justicia la aplicación casi permanente de la detención preventiva en el país. La declaración surgió en momentos que el Gobierno anunció la anulación de los jueces interinos que pululan en los tribunales.

“Fiscales y jueces han convertido la detención preventiva en práctica común. Un abuso que llena cárceles, no respeta procedimientos ni contribuye a la realización de la justicia”, publicó la noche del sábado como comentario de un video difundido en Santa Cruz donde una mujer pide a sollozos a una juez fijar audiencia para su esposo.

Hasta junio de este año, según los datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, el número de detenidos preventivos en todo el país llegaba a 21.500, lo que significa un 64% de la población carcelaria y ese porcentaje estaba en crecimiento.

El fin de semana, dos de los acusados del caso ‘golpe I’ los exjefes militares, Palmiro Jarjury Rada y Jorge Terceros Lara, denunciaron que este caso no fue investigado desde hace 13 meses por la fiscalía y los tienen en condición de detenidos preventivos desde julio de 2021.

Lo mismo sucede con la ex Presidenta, Jeanine Áñez, quien en forma permanente utiliza su cuenta en Twitter para denunciar que está como detenida preventiva desde marzo de 2021, hace 17 meses sin que haya acusación formal.

El GIEI

La publicación del ex Presidente también coincide con la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que visitó Bolivia y elaboró un informe sobre los sucesos de 2019 y una de sus conclusiones fue el uso arbitrario de la detención preventiva en los casos políticos.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, señala el documento internacional.

A estos efectos el Gobierno planeó la reforma de la justicia desde su perspectiva y según el ministro de Justicia, Iván Lima, las observaciones internacionales a la injerencia política se refieren a la forma de la elección de las máximas autoridades judiciales y no a los niveles de jueces de materia.

El viernes, Lima, acompañado del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, y sus dos colegas Omar Michel y Mirtha Meneses ofrecieron una conferencia de prensa y anunciaron la institucionalización de 489 cargos judiciales, lo que recibió una crítica ácida desde los sectores profesionales pues consideran eso como una abierta injerencia política.

“Hay una situación de subordinación de los operadores de justicia al órgano político como lo muestra el ministro Lima, que define las cosas en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, no hay que llamar a la confusión, aquí no hay un planteamiento de reforma judicial, aquí lo que se plantea es que 500 jueces pueden ser pasados bajo las preferencias político partidarias del Gobierno”, declaró el ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, quien conforma la denominada, comisión de juristas independientes
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