El viernes el Gobierno anunció la “institucionalización” de
casi 500 cargos de jueces de materia
El expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, calificó como un
abuso de la justicia la aplicación casi permanente de la detención preventiva
en el país. La declaración surgió en momentos que el Gobierno anunció la
anulación de los jueces interinos que pululan en los tribunales.
“Fiscales y jueces han convertido la detención preventiva en
práctica común. Un abuso que llena cárceles, no respeta procedimientos ni
contribuye a la realización de la justicia”, publicó la noche del sábado como
comentario de un video difundido en Santa Cruz donde una mujer pide a sollozos
a una juez fijar audiencia para su esposo.
Hasta junio de este año, según los datos de la Dirección
Nacional de Régimen Penitenciario, el número de detenidos preventivos en todo
el país llegaba a 21.500, lo que significa un 64% de la población carcelaria y
ese porcentaje estaba en crecimiento.
El fin de semana, dos de los acusados del caso ‘golpe I’ los
exjefes militares, Palmiro Jarjury Rada y Jorge Terceros Lara, denunciaron que
este caso no fue investigado desde hace 13 meses por la fiscalía y los tienen
en condición de detenidos preventivos desde julio de 2021.
Lo mismo sucede con la ex Presidenta, Jeanine Áñez, quien en
forma permanente utiliza su cuenta en Twitter para denunciar que está como
detenida preventiva desde marzo de 2021, hace 17 meses sin que haya acusación
formal.
El GIEI
La publicación del ex Presidente también coincide con la del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que visitó Bolivia
y elaboró un informe sobre los sucesos de 2019 y una de sus conclusiones fue el
uso arbitrario de la detención preventiva en los casos políticos.
“La evaluación de los expedientes de investigación y de los
procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las
actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de
independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración
del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la
naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias
en la actividad investigativa”, señala el documento internacional.
A estos efectos el Gobierno planeó la reforma de la justicia
desde su perspectiva y según el ministro de Justicia, Iván Lima, las
observaciones internacionales a la injerencia política se refieren a la forma
de la elección de las máximas autoridades judiciales y no a los niveles de
jueces de materia.
El viernes, Lima, acompañado del presidente del Consejo de
la Magistratura, Marvin Molina, y sus dos colegas Omar Michel y Mirtha Meneses
ofrecieron una conferencia de prensa y anunciaron la institucionalización de
489 cargos judiciales, lo que recibió una crítica ácida desde los sectores
profesionales pues consideran eso como una abierta injerencia política.
No hay comentarios.: