En el municipio de Yapacaní –localizado al noroeste del departamento de Santa Cruz- se han denunciado más violaciones a niños y niñas. Daniel, nombre cambiado, falleció el 11 de junio en el servicio de terapia intensiva del Hospital de Niños de Santa Cruz. El menor, que acababa de cumplir 11 años, dejó luto y dolor en los bolivianos. La pesadilla de él y su familia comenzó hace más de un año cuando la salud de Daniel decayó y ya no pudo ir más a la escuela ni mantenerse estable en su hogar en el barrio Tarija de Yapacaní. Sus padres y sus hermanos creían que tenía anemia o leucemia, pero los médicos les hicieron conocer que el pequeño fue víctima de violación y luego, de realizarle varios estudios, detectaron que le habían transmitido una enfermedad sexual y estaba en la fase terminal.
Daniel identificó a sus agresores. Se trataba de sus vecinos, cuatro hermanos. Uno de ellos ya había fallecido en 2021 por VIH/Sida. No es la única víctima de esas personas, al menos otros dos menores de edad habrían sido ultrajados por ellos. Una niña perdió la vida y un niño, positivo a la enfermedad de transmisión sexual, se encuentra en el extranjero con su familia.
Los pobladores se encuentran indignados y resolvieron expulsar a los familiares de los detenidos por violaciones a niños y niñas.
DOLOROSAS CICATRICES Pamela, de 13 años, despertó el viernes 19 de agosto adolorida y con signos de violencia sexual. Las personas que ella consideraba sus amigos la agredieron sexualmente, mientras se encontraba inconsciente. La menor de edad buscó ayuda en oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Policía.
Los efectivos policiales de Yapacaní se constituyeron en un domicilio del kilómetro 8, donde aprehendieron a los sindicados, entre ellos dos menores de edad. La Justicia determinó que los adolescentes, ambos de 16 años, estén por 45 días en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), mientras que los adultos, de 18 y 21 años, estarán por 180 días en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom), mientras continúan las investigaciones.
Los investigadores colectaron varias pruebas en el inmueble donde ocurrió la violación agravada. Según los vecinos, no es la primera víctima de la gente que habita en ese inmueble puesto que rescataron hace unos meses a otra menor que estaba en el lugar inconsciente y semidesnuda. Ese hecho fue atendido por la Policía, pero los agresores fueron liberados.
Los pobladores, a través de un voto resolutivo, resolvieron expulsar a la familia de los procesados.
Lucía fue víctima de violación durante dos años, desde sus 10 años. El 19 de agosto, una patrulla policial la rescató cuando estaba con un grupo de personas. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní la recibió y, durante el proceso para ingresarla a una casa de acogida, se descubrió que padece de una enfermedad de transmisión sexual.
La niña, penúltima de siete hermanas, identificó a dos de sus agresores sexuales, de 32 y 40 años. Durante la entrevista psicológica, la menor de edad declaró que primero fue ultrajada por un mototaxista, conocido de su familia, quien la llevaba a su domicilio en la zona de el Naranjal para agredirla sexualmente y golpearla.
Según su testimonio, el otro agresor sexual la embriagaba y luego la vejaba sexualmente en su casa o en un local.
Lucía sufrió en silencio. Su madre desconocía que su niña estaba siendo víctima de violación y no supo controlar la situación. Su hija dejó la escuela cuando cursaba el cuarto de primaria y comenzó a salir con amistades e incluso faltaba a su hogar. Su progenitora dijo en entrevistas con medios de comunicación local que no pudo encaminar a su pequeña. “Si quería reñirle o pegarle, mi hija me decía que no iba a volver a la casa”.
Su familia pide justicia y ayuda para cubrir los costos del tratamiento. De momento, la menor de edad se encuentra bajo custodia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en un hogar.
Tras conocerse el caso, la Policía buscó y aprehendió a los sindicados. Uno de ellos fue encontrado en el Hospital de Yapacaní donde recibía atención por secuelas del COVID-19 y porque tiene VIH/Sida, en etapa terminal.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, Carlos Oporto, dijo que el hombre hospitalizado tenía dos celulares. Secuestraron los equipos y, durante la revisión superficial, hallaron videos con contenido sexual. No se descarta que haya agredido sexualmente a otras menores de edad.
La Justicia envió al motociclista, por 180 días, a Ceprom, mientras el otro sindicado fue trasladado al penal de Palmasola.
Los seis detenidos, por los dos casos, fueron imputados por violación agravada. Según la Fiscalía de Yapacaní, solo uno de los sindicados admitió el hecho. El resto se acogió a su derecho al silencio.
CAPTURA La Policía tomó conocimiento de los hechos de violación agravada el viernes 19 de agosto y, horas después, aprehendió a los denunciados, quienes fueron trasladados primero a Montero y luego a la ciudad de Santa Cruz por cuestiones de seguridad. Los casos se investigan en reserva.
Temían que los pobladores de Yapacaní reaccionen con violencia como ocurrió cuando terminó la audiencia de uno de los hermanos sindicados de violar al niño, de 11 años, que luego perdió la vida debido a que otro de sus victimarios le transmitió la enfermedad sexual. En esa oportunidad, la gente indignada destrozó el Juzgado y se llevaron al acusado hasta la plaza donde lo golpearon y amenazaron con hacer “justicia por mano propia”.
LUTO Daniel sufrió violencia sexual durante unos dos años. Él iba a la casa de sus vecinos porque su compañera, hermana menor de los denunciados, lo llamaba para jugar y hacer las tareas. Su familia no desconfiaba ni sospechaba que 'monstruos' vivían frente a ellos. Según las investigaciones, el niño fue ultrajado por los cuatro hermanos, dos adolescentes y dos adultos (uno falleció por VIH/Sida), que le apuntaban con un arma de fuego en la cabeza para obligarlo a callar y a volver a ese inmueble donde continuaron agrediéndolo sexualmente. Le decían que si no los obedecía estaban dispuestos a acabar con la vida de sus padres y de sus hermanos.
El niño tenía mucho miedo. Sabía de lo que eran capaz de hacerle a él y a su familia si no actuaba como ellos querían. Dos de sus agresores están detenidos preventivamente, uno en el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) y el otro, Miguel Ángel S.T., de 24 años, fue enviado, por 180 días, al penal de Chonchocoro de La Paz. El otro adolescente, de 15 años, implicado en el delito huyó a Chile. En tanto, Santiago S.T. murió por VIH/Sida en 2021 en la cárcel de Palmasola, mientras cumplía detención preventiva por violación agravada a otro menor de edad.
Según vecinos, los hermanos ostentaban poder y se movilizan en un auto de lujo y motocicletas presuntamente robadas. También los vinculan al narcotráfico.
A casi tres meses de la muerte de Daniel, el niño que contrajo VIH/Sida tras ser víctima de violación por sus vecinos, se conoció en recientes días otros dos casos de violación grupal a menores de edad, en Yapacaní.
El caso de Daniel enlutó al país y desató críticas contra las instancias que se encargan de proteger a las víctimas y de investigar y de sancionar a los agresores. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, hizo conocer en ese tiempo que los funcionarios públicos cometieron faltas. Explicó que el 19 de octubre de 2021, la Fiscalía solicitó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Santa Cruz que amplíe su informe médico forense para constatar la violación del menor de edad, pero ese requerimiento fue respondido recién el 4 de junio de 2022.
También dijo que el 21 de octubre de ese año, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní se apersonó a la denuncia, pero no encontraron ninguna actuación por parte de esa dependencia para agilizar el proceso penal u otorgar asistencia psicosocial a la víctima.
Toda esa situación provocó que el Ministerio Público decida el 12 de abril de este año rechazar el caso porque no encontraron pruebas y no se habían identificado a los autores del delito de violación. Luego, el niño 'rompió el silencio' y dos agresores cayeron presos.
La población se encuentra indignada y conmocionada por las violaciones grupales. Piden patrullajes policiales, controles a locales de expendio de bebidas alcohólicas y rastrillajes médicos que permitan detectar casos de VIH entre los jóvenes o niños, niñas o adolescentes agredidos sexualmente.
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