Buenos Aires |
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, lanzó
un fuerte alegato ayer en el que acusó al poder judicial de persecución en una
causa en su contra conocida como "dólar futuro", que, según ella, se
"manipuló y armó al calor del proceso electoral" en 2015.
"El
lawfare (guerra judicial) sigue en pleno apogeo. (Este proceso) no solo es un
leading case (caso ejemplar) del lawfare (guerra judicial), sino de la
intromisión y manipulación del poder judicial en los procesos electorales y en
la política argentina", declaró la expresidenta (2007-2015) en una
audiencia realizada de forma remota.
En
la causa iniciada en octubre 2015, se acusa al entonces gobierno de Fernández
de cometer una defraudación con los contratos de compra de dólares a futuro, un
instrumento legal de política monetaria, y de haber hecho perder unos 55.000
millones de pesos (572.000 dólares al cambio de entonces) al Banco Central.
La denuncia había sido presentada por dos dirigentes de
la oposición tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre
de 2015, que luego se definieron en balotaje con el triunfo de Mauricio Macri
(2015-2019).
Fernández,
que está procesada en nueve causas de supuesta corrupción, acusó al poder
judicial de "velar por los intereses del poder económico", en su
intervención de fuerte tono político, transmitida por YouTube y replicada en
directo por los canales de noticias.
"Estamos
en un momento muy grave institucional de la República Argentina, no pueden
seguir comportándose como una corporación", lanzó a los jueces, pocos días
después de que el mandatario, Alberto Fernández, relanzara una propuesta de
reforma judicial, demorada por la pandemia que semiparalizó al Congreso el año
pasado.
"Apliquen la Constitución"
"Mi
abogado me dijo que tengo que pedir el sobreseimiento. Voy a pedir que apliquen
la Constitución. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando. No les voy a
pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer", dijo al concluir
su alegato.
Antes
de las presidenciales de 2015, el Banco Central pactó ventas de divisas a
futuro con el propósito de desalentar expectativas de devaluación en un
contexto de control de cambios. Pero al asumir Macri en diciembre de 2015
levantó el control de cambios y la moneda se devaluó en más del 30 por ciento.
"Fui
acusada de beneficiar a mis amigos. La realidad era que ningún amigo, ningún
funcionario de nuestro gobierno tenía contratos futuros. Los que los tenían
eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno
pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que
ellos habían hecho antes, sabiendo que iban a devaluar", afirmó la
exmandataria.
Macri y sus funcionarios "llegaron al gobierno, devaluaron,
usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro y los que estamos
sentados acá y acusados somos nosotros", agregó.
En
2020, un peritaje contable realizado por expertos de la Corte Suprema de
Justicia "determinó que nunca hubo un perjuicio" contra el Banco
Central, afirmó.
Además de la exmandataria, declararon su exministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el entonces titular del Banco Central Alejandro Vanolli y su segundo Miguel Angel Pesce, quien ahora ocupa la presidencia del BCRA.
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