De acuerdo con la autoridad, tras conocerse el hecho, se activó de inmediato la intervención fiscal, designando a una representante del Ministerio Público en Villa Montes, quien procedió al registro del lugar, la recolección de indicios y la toma de declaraciones. Asimismo, la víctima fue sometida a una valoración médico forense y a una entrevista psicológica.
Sin embargo, el principal acusado —un oficial de alto rango con grado de teniente coronel— no se sometió a la investigación y se dio a la fuga. “El Ministerio Público ya ha emitido el mandamiento de aprehensión en aplicación al artículo 226. La Policía cuenta con ese documento y es cuestión de horas o días para su captura”, afirmó Mogro.
En el marco de las investigaciones, se ejecutó un allanamiento en Villamontes que derivó en la aprehensión de la pareja del militar, quien habría proporcionado información relevante para el caso.
Además, el fiscal reveló la presunta participación de una funcionaria del SLIM de Villamontes, quien habría asesorado al acusado e incluso filtrado información reservada. Según la Fiscalía, se constató la existencia de un pago mediante código QR a favor de esta profesional, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento.
La funcionaria fue aprehendida y será puesta ante un juez cautelar este mismo día, donde el Ministerio Público solicitará su detención preventiva. “No se tolerará que servidores públicos utilicen su cargo para entorpecer investigaciones o favorecer la evasión de la justicia”, enfatizó Mogro.
En paralelo, la Fiscalía ya presentó la imputación formal contra el militar prófugo y analiza la tipificación de otros delitos, como incumplimiento de deberes y cohecho, en relación con las personas involucradas.
Respecto a la funcionaria detenida, se informó que, si bien no está obligada a declarar, se procedió al secuestro de su teléfono celular y a la toma de su declaración en calidad de testigo, lo que permitió recabar elementos adicionales para la investigación.
Finalmente, el Fiscal Departamental señaló que la víctima se encuentra actualmente en la ciudad de Tarija, donde recibe atención y seguimiento por parte de unidades especializadas del Ministerio Público. “Es un menor de edad que necesita contención y acompañamiento en este proceso”, concluyó.
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