Un informe oficial establece responsabilidad solidaria entre exasambleístas y funcionarios que habrían percibido indebidamente este beneficio entre 2017 y 2021.
La Contraloría General del Estado instruyó la restitución de más de un millón de bolivianos a exasambleístas regionales y funcionarios, tras detectar el cobro irregular del denominado Bono Frontera. El dictamen, resultado de una auditoría, identifica pagos indebidos realizados durante varias gestiones y ordena su devolución inmediata.
Según el informe, al menos 22 personas están implicadas bajo la figura de responsabilidad solidaria, lo que significa que todos deberán responder por el total del monto observado. La investigación concluyó que los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder a este incentivo económico.
Uno de los aspectos clave del dictamen es la aclaración sobre la sede oficial de la Asamblea Regional, que —de acuerdo con el estatuto autonómico— se encuentra en Villa Montes. En ese marco, se establece que tanto la institución como sus miembros deben desarrollar sus funciones en esa localidad, lo que invalida interpretaciones que permitieron el cobro del bono.
El documento también precisa que el Bono Frontera solo corresponde a trabajadores ubicados dentro de un radio de 50 kilómetros de la línea limítrofe. Sin embargo, Villa Montes se encuentra a más de 90 kilómetros de la frontera, lo que descarta la legalidad del beneficio en este caso.
Asimismo, se señala que las oficinas de Yacuiba y Caraparí no constituyen sedes oficiales permanentes, sino espacios de coordinación, por lo que no justifican el pago del bono. En esa línea, el exasesor Gilmar Pairema León respaldó el dictamen y cuestionó las interpretaciones que ampliaron indebidamente el concepto de lugar de trabajo.
Con esta determinación, la Contraloría busca reforzar los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
No hay comentarios.: